Finalmente, el viernes 13 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril comenzando por el Corredor del Levante, en el que un nuevo operador ferroviario privado podrá prestar servicios durante siete años.

Sin embargo, esta decisión ha tenido una desigualdad acogida. Mientras que el sindicato CCOO defendió un «ferrocarril público», ya que la liberalización «provocará una merma del servicio», «un empleo precario» y la seguridad «se verá resentida», desde Bruselas se animaba a los gobiernos europeos a abrir la competencia del sector ferroviario, alegando que «la competencia entre operadores permite mejorar la calidad del servicio».

Por su parte, UGT propuso crear un convenio de operadores ferroviarios, para establecer las «normas del juego» entre operadores y garantizar unos mínimos para que la competencia no afecte a los trabajadores.

Anteriormente a que el Gobierno iniciase este proceso, la CEOE había publicado un informe sobre el estado del sector ferroviario en el que se aseguraba que, al menos en el transporte de mercancías, aún «existen deficiencias» y que el ferrocarril «nunca podrá ofrecer la flexibilidad y la capacidad de respuesta del camión», por lo que se debían buscar otras alternativas para complementarse con el transporte por carretera.

tren de Renfe Mercancias

Según la CEOE, el ferrocarril "nunca podrá ofrecer la flexibilidad y la capacidad de respuesta del camión"

Frente a ello, Fomento reconoció que Renfe no ha tenido una verdadera política para las mercancías, por lo que, Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructura y Transporte, propuso «buscar un socio industrial que ayude a Renfe a abrir mercados, a tomar tamaño y a hacer las cosas mejor». Hasta abril, el operador público consiguió transportar seis millones de toneladas de mercancía.

Por otro lado, dentro del ámbito sindical, UGT presentó ante el Congreso su política ferroviaria, en la que incluía la propuesta de recuperar el mantenimiento de las infraestructuras, ahora externalizado, dar mayor importancia a la intermodalidad en el transporte de mercancías y reunificar Adif y Renfe.

Huelga en Madrid Abroñigal

Por otro lado, a pesar de que un principio, CCOO y UGT decidieron convocar una huelga en la terminal de mercancías de Madrid Abroñigal, propiedad de Adif, por la posible privatización de sus servicios logísticos, finalmente la empresa y los sindicatos acordaron frenar este cambio en el modelo de gestión y cancelar la huelga.

La huelga que no se canceló y que afectó a varios servicios con España fue la de los trabajadores ferroviarios franceses que durante cerca de una semana mantuvieron algunos de los servicios por ferrocarril de la SNCF , sobre todo, los que unían Cataluña y el país vecino.

Otras noticias importantes fueron las medidas que tomó el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea para impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril, como por ejemplo, la integración del pasaporte y certificado de seguridad válido por toda la UE, así como los avances en I+D con el proyecto Shift2Rail.

Además, el gobierno valenciano anunció que presentaría en febrero a la UE el proyecto de terminal intermodal de Fuente San Luis, con el objetivo de obtener financiación comunitaria.