Sagep, la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, ha acordado ampliar su capital en 4,5 millones para reducir su déficit, que asciende a 18,5 millones. Con esta operación el endeudamiento de la nueva Sestiba pasaría a 14 millones de euros.
Asimismo, la Autoridad Portuaria de Las Palmas tendría que asumir el 51% del déficit de la empresa, lo que supone unos nueve millones de euros. El resto de la deuda sería pagado por las empresas dentro del plan de viabilidad.
Pero esta no es la única medida que lleva a cabo Sagep para sanear sus cuentas. Las empresas estibadoras de Las Palmas cobran a las empresas que operan en el puerto una cuota fija, conocida como Tarifa Máxima Empresarial, a la que consideran necesaria para cubrir la deuda de Sagep.
Con la nueva ampliación de capital, la nueva sociedad estibadora considera que va a ser más competitiva, al adaptarse a las nuevas demandas del mercado. Daniel Báez, gerente de Sagep, explicó que esta decisión muestra que Sagep está cumpliendo los puntos necesarios tras su proceso de privatización.
Báez quiso, además, resaltar los acuerdos “pacificadores” con las empresas que operan en el puerto, tras la retirada de las demandas cada vez más frecuentes entre las empresas y la Autoridad Portuaria.
Hay que recordar que la nueva sociedad de estibadores del Puerto de las Palmas surge a raíz de la salida de la Autoridad Portuaria de Las Palmas del accionariado de Sestiba, debido al cumplimiento de la Ley de Puertos.
Nueva presidencia
La junta general de accionistas también dispuso el nombramiento del nuevo presidente, cargo que recae en Juan Pérez. El gerente de Opcsa, la principal terminal de contenedores del Puerto de Las Palmas, sustituye en el puesto a Rosario de Saá.
Además, se acordó la ampliación del consejo de administración, que pasará de tres a cinco componentes. El órgano estará formado por Bernardino Santana por Luz Market, Francisco Naranjo por la terminal de contenedores La Luz, Ricardo Rull por Opcsa, su presidente Juan Pérez, y Rosario de Saá como representante de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que mantiene un puesto en el consejo de administración de la nueva empresa, así como el derecho a veto a fin de impedir que se adopten decisiones que afecten o perjudiquen al interés público.