Aena ha adjudicado los servicios de asesoramiento financiero y de asistencia jurídica a la entidad pública en el proceso de entrada de capital privado.

El servicio de asesoramiento financiero será prestado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Lazard Asesores Financieros y N+1 Corporate Finance, mientras que el servicio de asistencia jurídica correrá a cargo de Pérez-Llorca Abogados.

En diversas ocasiones, la ministra de Fomento, Ana Pastor,  ha señalado que a lo largo del año tendrá lugar la entrada de capital privado en Anea, aunque también ha matizado que «no será inminente, si por inminente entendemos mañana«.

A raíz del expediente de regulación de empleo que se llevó a cabo en Aena, programado en principio para 1.600 empleados, aunque finalmente fueron algo más de 1.250 los que mostraron interés en abandonar la empresa y 1.160 los que al final lo han hecho, la plantilla actual es de 15.000 trabajadores.

Además de esta se han implantado otras medidas para hacer frente a sus problemas financieros, como han sido la reducción de gastos de explotación, la disminución de horarios operativos en varios aeropuertos de la red de aeropuertos del operador público, o la optimización de infraestructuras.

A pesar de las medidas impulsadas de cara a la futura privatización del ente aeroportuario, las elevadas cifras de deuda que presenta aún la compañía, constituyen el principal motivo que siembra dudas entre los interesados en entrar en el capital de Aena y por el que el proceso de privatización se ha retrasado con respecto a los planes iniciales.

Reducción de las tarifas de alquiler

Aena Aeropuertos ha decido reducir un 30% de media sus tarifas de arrendamiento de las oficinas de los edificios de servicios de los centros de carga de Madrid, Barcelona y Valencia. La medida se enmarca en las medidas de apoyo al sector de la carga aérea y de mejora de la competitividad de los aeropuertos de Aena.

Estos edificios, ubicados dentro del recinto aeroportuario y con buenas conexiones, disponen de una amplia oferta de oficinas, locales y centros de negocio.

Esta medida persigue reactivar la contratación de espacios en los edificios de servicios generales e incrementar sus índices de ocupación