El 22% de todos los contratos laborales para mensajeros registrados en enero, implicaron movilidad del trabajador a otra provincia.

El juicio que ahora se reanuda se paralizó en diciembre del año pasado.

Tras aplazarse en diciembre del año pasado, el juicio que enfrenta a la Tesorería General de la Seguridad Social contra Deliveroo, a raíz de una denuncia interpuesta por la Inspección de Trabajo para esclarecer si los repartidores que utiliza esta plataforma son asalariados o autónomos, ha vuelto a iniciarse el viernes pasado.

El pleito se suspendió cuando antes de la vista de finales del año pasado, Asoriders, una de las asociaciones que agrupa a parte de la plantilla de la empresa de reparto a domicilio y que, según UGT, “está constituida por la propia plataforma, no por los trabajadores”, pidió al juez que la Agencia Tributaria emita un informe pericial para determinar el número de trabajadores que trabajan también para otras empresas distribuidoras.

Para el sindicato, este es «un juicio fundamental», junto con los procedimientos abiertos por la Inspección en Barcelona y Valencia, ya que «supondría la modificación de las relaciones laborales de unos 4.000 trabajadores y trabajadoras de Deliveroo, además de empleados de otras plataformas, como Glovo, que aúna a 8.000 trabajadores a nivel estatal».

La central sindical estima que es «imprescindible regularizar una situación que es completamente anómala, ya que es Deliveroo quien fija los precios, ordena los pedidos y organiza los horarios a través de la aplicación, lo que demostraría perfectamente que los trabajadores y trabajadoras no son autónomos, sino por cuenta ajena».