El sindicado CCOO ha aprovechado el debate en el Congreso sobre la nueva Ley del Sector Ferroviario para considerar que, con el texto actual, el Gobierno busca "ir mermando el sector público en beneficio de las empresas privadas", primando la rentabilidad en detrimento de la eficacia del servicio, la calidad y la seguridad.
Para CCOO, dicho texto abunda en dar facilidades al sector privado para ir haciéndose con el transporte ferroviario de mercancías y viajeros, mientras se renuncia a las inversiones necesarias para que el Estado mantenga, explote y rentabilice social y económicamente el servicio ferroviario.
“El futuro del sector en España es halagüeño, ya que las Mercancías solo pueden crecer, dado el nivel de degradación al que lo han llevado los gestores políticos; y el de Viajeros, con la finalización de nuevas líneas de alta velocidad, atraerá un número creciente de pasajeros”.
El sindicato afirma que la ley no garantiza el equilibrio territorial, al mantener las mayores zonas de desertización ferroviaria de Europa. “De hecho, los objetivos de la ley se detienen en conseguir un ferrocarril más competitivo, cuando la propuesta de CCOO se basa en conseguir un ferrocarril que, comprendiendo todos los ámbitos, cumpla los niveles máximos de calidad en el transporte, seguridad, fiabilidad, equilibrio territorial, respeto medioambiental, contribución a la reducción de costes externos, etc".
“Además, la ley reduce los cánones de la infraestructura para facilitar las prisas liberalizadoras, y no asegura inversiones en instalaciones e infraestructuras para reflotar la gestión pública y los niveles de calidad y seguridad máximos”.
Por ello, CCOO ha pedido en sus alegaciones que se renuncie al mapa de alta velocidad del PITVI, que se articule una red convencional de calidad y segura, que se adecuen las instalaciones logísticas para la gestión pública de las mercancías y que se asegure la protección real de las obligaciones de servicio público, vitales en la vertebración del transporte intrarregional e interregional.
Asimismo, desde el sindicato se cree "vital" que la ley asegure el fortalecimiento de las empresas ferroviarias públicas, dejando abierta la posibilidad de incremento de las plantillas, las más escasas y de mayor edad de Europa.