El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, han firmado el martes 20 de enero en la capital andaluza la constitución del consorcio gestor de la zona franca de Sevilla, que nace sobre 719.876 m² del área de Torrecuéllar pertenecientes a la Autoridad Portuaria.
Este espacio, en el que ya operan varias empresas, nace con el objetivo de convertirse en "comienzo" y referente del "cambio del modelo económico" y productivo de Sevilla.
La zona franca de Sevilla es la quinta Zona Franca de España, pues ya existen espacios similares en Barcelona, Cádiz, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, y al acto de constitución de su consorcio gestor, formado por el Ayuntamiento, el Estado y la Autoridad Portuaria, ha asistido una nutrida representación empresarial.
Como ha explicado el alcalde, la zona franca ofrecerá a las empresas instaladas dentro de la misma el "almacenaje, transformación y distribución de mercancías comunitarias o no comunitarias", pero siempre no contaminantes, sin impuestos aduaneros y con la posibilidad de "aplazar los pagos hasta la venta o salida del género", con lo que el recinto, que necesita la instalación de su cerramiento perimetral para comenzar a aplicar estos beneficios fiscales, nace con previsiones que apuntan a un tráfico de mercancías superior a los 1,7 millones de toneladas anuales y una facturación anual de más de mil millones de euros.
Una veintena de empresas "interesadas"
Ya hay algunas empresas que operan en el espacio a delimitar mediante el citado cerramiento, aunque el alcalde ha asegurado que "una veintena" más de empresas están interesadas por instalarse en la zona franca. Las empresas, según explica, pueden ya comenzar a solicitar la correspondiente autorización para ello y empezar a crear sus instalaciones una vez tengan el necesario visto bueno.
El alcalde, en paralelo, ha manifestado que una vez constituido el consorcio de la zona franca, hay ya "luz verde" para licitar el cerramiento del recinto, que cuenta con una partida de un millón de euros en los presupuestos del ayuntamiento hispalense para 2015. Además, los miembros del consorcio han acordado promover una adaptación del reglamento de régimen interior de la entidad y crear un "plan de movilidad interior y exterior".
Zoido, igualmente ha defendido que la zona franca de Sevilla "no pretende competir con nadie", en referencia a la zona franca de Cádiz, sino "sumar" y crear empleo.
"Más inversores"
"La zona franca va a ser un valor añadido que va a atraer más inversores", ha augurado el alcalde, quien señala que mercados como los de Japón, China, Sudamérica o del Norte de Europa"tienen su mirada en Sevilla".
Cristóbal Montoro, por su parte, ha defendido que el nacimiento de la zona franca constituye "la apertura de una puerta muy importante para el desarrollo económico de Sevilla", mientras que la presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Carmen Castreño, ha asegurado que "suma ventajas al puerto de Sevilla".
"Prórroga" para el cerramiento
Sin embargo, Castreño ha solicitado al ministro de Hacienda una "prórroga" del plazo habilitado por su ministerio para la instalación del cerramiento de la zona franca. Según la presidenta, el 30 de agosto concluye dicho periodo y los plazos de contratación y realización de las obras hacen "imposible" instalar el vallado antes de esa fecha.
El vallado y el reglamento de régimen interior, aún por aprobar, son "elementos imprescindibles" para la entrada en vigor de las ventajas fiscales de la zona franca, según Castreño, quien ha explicado que Montoro se ha comprometido además a contribuir "con la parte que corresponde" al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En este sentido, Castreño calcula que se precisa una aportación global de unos tres millones y mediode euros por cada una de las instituciones del proyecto para alcanza el "equilibrio".
Por último, Castreño ha corroborado la opinión de los empresarios en el sentido de que para el éxito de la zona franca es "fundamental" que prospere de una vez el dragado de profundización que la Autoridad Portuaria de Sevilla planea sobre el tramo navegable del río Guadalquivir, al objeto de que el mismo admita buques de mayor calado.