Los sindicatos estibadores en pie de guerra contra el dictamen de la Comisión

Tras acordarse este martes por los tres principales sindicatos de la estiba (Coordinadora, UGT y CC.OO.), la patronal Anesco y Puertos del Estado la creación de una comisión técnica que acudirá a Bruselas para para conocer de primera mano las objeciones que la Unión Europea pone a la actual legislación portuaria española, los responsables de UGT Puertos, José Antonio Olaizola, y CC.OO., Ernesto Gómez, han mostrado a cadenadesuministro.es su satisfacción por el resultado de la reunión con José Llorca.

Según Olaizola, la reunión con Bruselas es necesaria porque la valoración del dictamen ha sido una sorpresa para todos porque «los análisis jurídicos que hemos hecho demuestran que nuestra legislación no contraviene el reglamento europeo«. Aquí, asegura, «el tratamiento en los puertos españoles de las empresas extranjeras es exactamente el mismo que se da a las nacionales».

Por ello, el responsable de UGT insiste en que es necesario «saber» que dice Bruselas y «despejar dudas siempre sobre la base de defender la actual legislación portuaria española». Olaizola cree que la interpretación de Bruselas sobre el modelo de estiba portuaria se asemeja a la del Parlamento Europeo recogida a su vez en los paquetes portuarios I y II europeos «que persiguen simplemente la desregulación del sector«.

Según el portavoz de UGT, tanto los sindicatos como Anesco coincidieron ayer en que no puede haber dos modelos de estiba en los puertos españoles. De ahí que «crear esta comisión sea muy importante y lo primero que tenemos que hacer para conocer las líneas rojas que pretende Bruselas«. Además, Olaizola quiere que se explique por qué la Comisión Europea se ha centrado en el modelo español de estiba y no en los de otros países. En cualquier caso, el sindicato socialista entiende que la actual Ley es la que es «y si necesita cambios deben ser por consenso«.

Saber qué quieren

En la misma línea se expresa Ernesto Gómez, asesor técnico de CC.OO., para quien acudir a Bruselas supone «ver si ellos –la Comisión Europea tienen alguna idea clara al respecto«. A su entender, sin saber qué quiere la Comisión Europea, «nosotros no podemos hacer ningún intento de cambio de nuestra legislación«. Y es rotundo al afirmar que «hay una ley aprobada por las Cortes y todos la vamos a defender, aunque a algunos no nos guste mucho, pero es la norma que tenemos».

Gómez también advierte que el informe motivado que Bruselas envió a España se sustenta en meras «sospechas» y si nos ofrecen alguna valoración «concreta» se analizará pero, reitera el portavoz sindical, «nada de hablar de vaguedades«. En todo caso, desde CC.OO. se reitera que el objetivo último es defender el actual sistema que «funciona satisfactoriamente bien y con garantías laborales».

Los dos portavoces sindicales señalan que la posición adoptada ayer por todas la partes cuenta con el aval de José Llorca, presidente de Puertos del Estado, «independientemente de cuál sea su postura u opinión personal al respecto«. Así, el organismo presidido por Llorca será el encargado en enviar la solicitud ante la Representación Permanente Española en Bruselas para organizar la reunión con los responsables de la Comisión Europea en los asuntos portuarios. El objetivo es que este encuentro pueda celebrarse antes del próximo 5 de noviembre, fecha límite que dio la Comisión Europeo para responder a su informe motivado o adoptar las medidas al respecto.

Evitar ir al Tribunal de Justicia Europeo

Por su parte, el presidente de Puertos del Estado también ha mostrado su satisfacción por la decisión adoptada por los sindicatos y patronal «y no dar pie a que la UE nos llevara a los tribunales y analizar conjuntamente cuáles son las líneas rojas que imponen«.

Llorca recuerda que el legislador cuando hizo la Ley 33/2010 nunca pensó que incumplía la normativa comunitaria, «el modelo actual es parecido al modelo que teníamos con las Apie’s y nadie había inestabilizado este modelo presentando una denuncia. Ha sido en el momento en que se ha presentado una denuncia cuando la Comisión ha actuado contra el actual modelo, por ello entendemos que es plenamente legal».