Tradime celebra su 40 aniversario

La Diputación de Aragón plantea la creación del Consejo Aragonés del Transporte como órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial.

13/11/2017 a las 21:12 h

40-aniversario-de-tradime La administración aragonesa trabaja junto a la Asociación para diseñar estrategias contra el dumping social.

La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, Tradime, ha celebrado en Zaragoza su 40º aniversario, en el que se ha puesto de relieve el trabajo que ha realizado en estas cuatro décadas y se ha homenajeado a los socios decanos frente a los más de 300 asistentes.

Asimismo, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, que ha incidido en que en un sector "atomizado" como el del transporte, son necesarias las "asociaciones que representen al conjunto del colectivo", ha explicado que la administración autonómica está trabajando en la creación del Consejo Aragonés del Transporte.

Configurado como órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial, sustituirá al antiguo Consejo Regional de Transportes de Aragón, creado en 1986, que desde hace años ya no cumple sus funciones.

Dumping social y desvío de los camiones por las autopistas

Además, en el evento se ha hecho referencia a la lucha de la Asociación contra el dumping social, asegurando que "gracias a la actuación del Departamento de Movilidad, ha habido una disminución sensible de matrículas extranjeras trabajando en Aragón".

Tanto la Diputación de Aragón como Tradime están trabajando conjuntamente para diseñar estrategias comunes que les permitan hacer frente a esta situación, "que afecta a la propia seguridad del tráfico y a los derechos de los trabajadores", pero han reclamado también la implicación de la Administración central.

Del mismo modo, se ha tratado el desvío obligatorio de los camiones a las autopistas, especialmente para los tránsitos de larga distancia, una medida que desde la Consejería de Movilidad defienden, siempre que su financiación recaiga en las administraciones y no en las empresas de transporte.

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