La Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón, Tradime, se ha reunido con el director general de Transportes de la región, Gregorio Briz, y la eurodiputada socialista Isabel García, para hacer llegar a la Comisión Europea las malas prácticas de las empresas buzón y las falsas cooperativas de trabajo asociado.
Estas malas praxis suponen "un grave perjuicio económico" para muchas familias y merman la imagen de la profesión. Por ello, desde Tradime, quieren acabar con el uso fraudulento que se hace las cooperativas para contratar a falsos autónomos y esquivar las exigencias legales.
En concreto, se ha hecho especial hincapié en la capacitación profesional de los autónomos. Cuando entró en vigor el ROTT en febrero de 2019, en el que se exige el título de Bachillerato o de Formación Profesional para obtener el Certificado de Competencia Profesional que permite ser titular de una empresa de transporte, la asociación lamentó que la normativa no pusiera freno a la competencia desleal.
Recurrió entonces ante el Tribunal Supremo algunas de las exigencias formativas de la nueva normativa para obtener este Certificado. En noviembre, atendiendo a un denunciante de Tradime, se inspeccionaron 40 furgonetas que trabajaban para una misma empresa y se interpusieron ocho denuncias, cuatro de ellas por carecer de autorización de transportes.
Así, salió a la luz que algunos de los vehículos inspeccionados habían solicitado la reforma autorizada del peso máximo autorizado, para que fuese inferior a dos toneladas, y evitar la necesidad de contar con autorización de transporte.
Campaña contra la competencia desleal
La Asociación inició en 2017 una campaña contra la competencia desleal o el dumping social en el sector. Este fenómeno, muy extendido en España, consiste en la deslocalización de grandes empresas en países de la Unión Europea como Rumanía y Bulgaria, donde los costes de la actividad son muy inferiores.
Así, consiguen ahorrar en impuestos y gastos laborales, ya que las legislaciones laborales y sociales de esos países son mucho menos protectoras con el trabajador.