La crisis sanitaria sigue golpeando, pero el Gobierno parece que ha empezado a pensar a todo un conjunto de medidas destinadas a recuperar el tono de una economía gravemente dañada.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha anunciado este pasado miércoles, 3 de junio, la tramitación en breve plazo de una Ley de Movilidad Sostenible, vinculada en cierto modo a las propuestas para recuperar la actividad de la industria automovilística española, así como de un Plan de Reconstrucción Social y Económico.

Precisamente en relación con este plan de reformas que quiere impulsar el Ejecutivo, y para el que cuenta con la jugosa, pero aún no concretada, financiación que se negocia, tanto en ayudas directas, como en créditos condicionales, en la Unión Europea, el ministro José Luis Ábalos ha hecho algunas precisiones también el miércoles 3, esta vez en el Senado.

Cuatro grupos de medidas

Allí, el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha indicado que, dentro de su ámbito de actuación, el plan de recuperación nacional contará con cuatro grupos de medidas.

Así pues, todas ellas estarán relacionadas con la vivienda, la logística, la movilidad, así como con la seguridad y la conservación de infraestructuras.

En concreto, Ábalos quiere impulsar a la digitalización y la sostenibilidad de la cadena logística y del transporte de mercancías.

Sin embargo, por otro lado, también prepara un plan de choque sobre seguridad y conservación de infraestructuras, un asunto en el que ha insistido en diferentes ocasiones y en el que ha llamado a abrir un debate sobre la financiación del mantenimiento y construcción de nuevas infraestructuras, principalmente a través de nuevos cánones por uso, algo que en circunstancias como las actuales podría suponer una jugosa (y necesaria) fuente de ingresos.

Así, por ejemplo, parece deducirse cuando el ministro afirma que la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano, cuyo anteproyecto está previsto para finales de este año, se centrará en fijar «procedimientos claros para seleccionar inversiones, fijar la financiación del transporte público, resolver las inconsistencias del modelo viario, profundizar en la normativa de seguridad, fijar principios y responsabilidad de colaboración entre administraciones y avanzar en la sostenibilidad financiera de las infraestructuras de transporte, entre otros aspectos clave».