UGT cree que el proyecto pondría en riesgo empleos directos e indirectos.
A la vista del Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que propone el Ministerio de Hacienda, UGT cree que la norma pone "en riesgo el empleo directo y condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de empresas transitarias y de representantes aduaneros".
Además, el sindicato cree que también peligran "muchos empleos indirectos vinculados a la cadena logística del transporte, al afectar al tráfico de mercancías en el sistema portuario y aeroportuario español".
La central sindical cree que el Ministerio de Hacienda va más allá de lo previsto y aprovecha "para modificar varias normas fiscales que afectan a la actividad de representación aduanera de las empresas transitarias en materia de importaciones" que, a su juicio, "alteran el nivel de responsabilidad exigido por la Agencia Tributaria a las empresas respecto a las deudas tributarias de sus clientes o importadores".
La situación llega a tal punto que, como apunta UGT, resulta solidaria y establece el deber de mantener inmovilizada durante tres años la garantía económica de despacho que se les exige por cada uno de los servicios prestados a favor de los clientes.
Esta situación, en opinión del sindicato, podría "entrar en contradicción con el Código Aduanero de la Unión" y no tiene equivalencia con otros países del entorno.
Consecuentemente, UGT pide a Hacienda que modifique el proyecto normativo, con el fin de evitar "que su legítima búsqueda de aseguramiento de cobro de deudas tributarias y recaudación, no conlleve la pérdida de miles de empleos, tanto del empresas transitarias, como de aquellas integradas en la cadena logística".