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De los 2.579 kilómetros de autopistas de peaje de titularidad estatal sujetos a concesión administrativa, un 56% han dejado o dejarán de estar sujetos a contrato.

El Ministerio de Fomento dejó claro hace más de un año que no se renovarían las actuales concesiones de autopistas, y de momento ya ha revertido al Estado el tramo de la AP-1 que une Burgos y Armiñón. Para finales de 2019, se espera que lo hagan la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y la AP-4 entre Sevilla-Cádiz.

Ya en agosto de 2021 lo harán el tramo de la AP-7 entre Tarragona y la frontera con Francia, y el de la AP-2 entre Zaragoza y la Costa Dorada. A ellos se sumarán la C-31 y la C-32, cuyo titular es la Generalitat de Cataluña. No obstante, en los últimos tiempos también han revertido al Estado ocho autopistas radiales con 506 kilómetros, cuyas concesionarias han entrado en concurso de acreedores.

En total, de los 2.759 kilómetros de autopistas de peaje de titularidad estatal, sujetos a concesión administrativa, un 56% han dejado o dejarán de estar sujetos a contrato. Esto supone unos costes de 500 millones de euros anuales, sin contar las posibles obras de ampliación y reparación.

De hecho, Fomento cifra en 2.000 millones el déficit en conservación de carreteras, aunque la Asociación Española de la Carretera lo elevaba en 2016 a 6.600 millones. Desde UGT, además de esta falta de inversiones, denuncian la situación de los trabajadores de las radiales, con «convenios congelados, despidos indiscriminados y recortes salariales«.

También ponen el foco en los «salarios estratosféricos» de las direcciones de las empresas, incluso declaradas en concurso. En el resto de autopistas, la automatización y la caída del tráfico ha hecho menguar las plantillas en un 35%, especialmente en los puestos asociados a los peajes.

Debate sobre las infraestructuras

A esta situación se une la proximidad de la finalización de los contratos y, previsiblemente, la eliminación de unos 1.500 puestos de trabajo en un plazo de dos años. El problema reside, para el sindicato, en la ausencia de un debate sobre las infraestructuras, que está llevando a la pérdida de empleos «sin que, por lo visto, al Ejecutivo le preocupe lo más mínimo«.

Por ello, reclama un plan específico en el que se establezcan garantías de subrogación frente a «procesos de ida y vuelta» entre el sector privado y público, planes de formación para que los trabajadores, y el mantenimiento del empleo mientras se producen cambios en el sector de las autopistas.