El jueves 6 de noviembre, una delegación de la federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de UGT se ha reunido con la subdirectora general de la Inspección de Transporte Terrestre, dependiente del Ministerio de Fomento, para trasladarle la preocupación de este sindicato ante la contratación irregular y fraudulenta de conductores profesionales de nacionalidad española en Bulgaria y Hungría para realizar servicios de transporte en España, moviendo mercancías entre destinos del territorio nacional realizados por empresas radicadas en los citados países.
En opinión de UGT, estas prácticas incumplen el Tratado de Roma, en el que se recoge que los trabajadores deben ser contratados donde trabajan y residen, la directiva de tiempos de trabajo de la Unión Europea, la normativa nacional y comunitaria que afecta al sector del transporte por carretera y las obligaciones con la Seguridad Social.
Para corroborar lo expuesto, el sindicato ha entregado a la Subdirección de la Inspección de Transporte Terrestre varios documentos con datos y argumentos jurídicos con el objetivo de que la Administración los contraste y adopte las medidas que sean necesarias, algo a lo que la subdirectora "se ha comprometido", en caso de que se confirmen tales prácticas ilegales, según ha informado la organización sindical.