El sector marítimo-portuario de UGT ha considerado como «un ataque frontal y directo» la sentencia condenatoria del TJUE al sistema portuario español, tal y como actualmente se encuentra regulado en la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.

En este fallo se declaraban que determinados aspectos del actual sistema portuario español de estiba vulneraban el derecho comunitario a la libertad de establecimiento, según el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En concreto, se consideró contraria a la legislación europea la obligatoriedad para las empresas estibadores de inscribirse en las Sagep y participar en el capital de éstas, así como la contratación prioritaria de trabajadores puestos a disposición por dicha sociedad y el mantenimiento de la contratación de un número mínimo de trabajadores.

Asimismo, desde el sindicato se ha considerado que las valoraciones realizadas por el TJUE son una muestra «de su profundo desconocimiento sobre la realidad actual», así como de su evolución desde la titularidad pública hasta la privatización del sistema portuario de estiba que se realizó en España, «también comparativamente con el resto de sistemas portuarios de estiba de los países miembros de la UE».

En este sentido, UGT sostiene que el tribunal «ni tan siquiera es capaz» de asegurar que la implantación de sistemas alternativos pudieran salvaguardar con el mismo grado los objetivos para garantizar la regularidad, continuidad y calidad del servicio, además de la protección de los trabajadores conforme al Convenio 137 de la OIT.

Dicho desconocimiento ha sido «hábilmente aprovechado» por la Comisión Europea, según el sindicato, durante los «intentos fallidos de liberalizar la actividad a nivel europeo». Así, UGT acusa al órgano ejecutivo de la UE de «plegarse ante los intereses económicos» frente a la «necesaria protección de los derechos de los trabajadores» y de eludir, de esta manera, los mecanismos parlamentarios «que les hicieron fracasar anteriormente en sus pretensiones».

«Problema europeo»

En consecuencia, el sindicato entiende que la reciente sentencia no afecta únicamente al sistema español, «sino que es un primer paso para asaltar los sistemas portuarios de estiba en los restantes países miembros de la UE».

Por ello, la organización reclama que se trate «como un problema europeo» y que se tenga también una respuesta en dicho ámbito a través de la coordinación de los distintos sindicatos nacionales de los Estados miembros. En el caso de UGT, esta coordinación se realizará a través de la European Transport Workers’ Federation, EFT.

Además, el sindicato califica de «complemento ideal» a esta sentencia, al poder ser un añadido a la propuesta de reglamento comunitario para la liberalización de los restantes servicios portuarios que actualmente se encuentra en tramitación, con objeto de cumplir las políticas liberales que «pretenden imponer desde Bruselas en la totalidad de dichos servicios portuarios».

En el ámbito nacional, el fallo conlleva que España debe adoptar las medidas necesarias para poner fin al incumplimiento de la libertad de establecimiento comunitaria, no pudiendo extenderse en el tiempo la adopción de las mismas, pues la normativa europea prevé un procedimiento de sanción a instancia de la Comisión Europea por incumplimiento de la sentencia.

En consecuencia, UGT considera que, ante una modificación del sistema portuario español, debe mantenerse una postura de unidad sindical con objeto de garantizar los derechos y empleo de los trabajadores. En este sentido, el sindicato mantendrá su reivindicación de la vuelta de la titularidad estatal de las sociedades de estiba, «debiendo revertirse un camino que nunca debió iniciarse y que hubiera evitado que nos encontrásemos en la presente situación».