Las obras en el puerto de Rande, en los accesos a Vigo, supusieron entre 2015 y 2018 un grave quebradero de cabeza para los transportistas pontevedreses.
Pese a las graves afecciones que se produjeron en su momento en esta infraestructura que forma parte de la vía de peaje AP-9, la concesionaria Audasa siguió cobrando religiosamente un peaje que a ratos se convertía en una ratonera para empresas con compromisos de entrega en plazo con sus clientes.
Ahora, una sentencia dictada este mismo mes por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Pontevedra considera dicha práctica un abuso.
El fallo judicial reconoce que, en este caso concreto, "lo relevante no es la causa, sino el hecho de cobrar un precio a un consumidor que no ha recibido la prestación del servicio y al que no se le ha proporcionado la información necesaria para que pudiese tomar su decisión".
Además, en este mismo sentido, el auto del juzgado pontevedrés reconoce que "no consta en modo alguno que hubiese alguna causa de fuerza mayor que impidiese a Audasa informar a los conductores con la suficiencia y antelación oportunas".
De este modo, se abre la puerta para que todos los usuarios de esta infraestructura puedan reclamar la devolución de las cantidades abonadas por circular por este tramo.
Pese a que la sentencia aún no es firme y a que la concesionaria ha anunciado que interpondrá recurso, los transportistas pontevedreses ya analizan posibles reclamaciones judiciales para reclamar indemnizaciones.