Con la publicación oficial de la Resolución del Servicio Catalán de Tráfico este viernes, 10 de septiembre, entra en vigor una nueva restricción de circulación para vehículos o conjuntos de vehículos de más de 7,5 toneladas de MMA por la  AP-7 entre el municipios gerundés de Maçanet de la Selva y la localidad tarraconense de L’Hospitalet de I’infant, entre las 17 y las 22 horas todos los domingos del mes de septiembre.

Por esta vía circulan unos 13.000 vehículos de transporte de mercancías los fines de semana.

Ante esta situación, Cetm ha manifestado «su profundo rechazo a una medida cuya única utilidad será la de estigmatizar, una vez más, al transporte de mercancías por carretera».

De igual modo, la patronal acusa a los responsables catalanes de tráfico de poner en marcha esta prohibición «a sabiendas de que los camiones no fueron los causantes« de las retenciones que se han producido en la vía a primeros de mes, por lo que esta medida contribuirá muy poco a la hora de eliminar la congestión del tráfico y, por el contrario, tendrá un gran impacto en las empresas.

De igual modo, la organización empresarial estima que «se trata de un pretexto que Trànsit ha utilizado para lograr que los camiones abandonen las autopistas, sin tener en cuenta que afecta a un sector fundamental para garantizar el funcionamiento de la cadena de suministro».

Se trata de una medida injustificada, que compromete el transporte de mercancías y la competitividad empresarial, ya que el 60% de las exportaciones españolas por carretera pasan por la AP-7.

En este mismo sentido, Cetm alega que «esta norma no tiene en cuenta el impacto negativo que supondrá para las empresas del sector, incrementando sus costes, puesto que deberán mantener inactivas sus flotas durante el horario restringido o planificar rutas más elevadas en cuanto a tiempo y dinero».

Las asociaciones de transpoirtistas presentan recurso

Las asociaciones catalanas de transportistas CETCAT y COT, integrada en Fenadismer, en reunión de urgencia celebrada este viernes, han acordado presentar un recurso ante los Tribunales de lo contencioso-administrativo, instando a la suspensión cautelar de la prohibición de circulación a los camiones por la AP-7, por los perjuicios que tal medida injustificada provocará tanto a los propios transportistas como a la actividad exportadora española.

Las organizaciones del transporte catalán entienden que no hay ninguna justificación que avale la adopción de dicha prohibición, sintiéndose una vez más, señalados y criminalizados por la Administración. Por ello se confía que la intervención de los Tribunales de Justicia amparará los derechos de los transportistas, que han sido ignorados, manifestando su disposición a colaborar con las autoridades de tráfico para garantizar en el futuro la fluidez y la seguridad de las vías públicas

Los cargadores critican la medida ‘poco calibrada’

También los cargadores, por medio de Aecoc, han mostrado su disconformidad con una medida «poco calibrada y de gran impacto, que se ha tomado de manera precipitada, de espaldas al sector y sin el tiempo mínimo necesario para que las empresas puedan ajustar sus flujos de transporte».

Se trata además de una medida injustificada y que compromete el transporte de mercancías y la competitividad empresarial, ya que el 60% de las exportaciones españolas por carretera pasan por la AP-7, según Aecoc.