En esta segunda semana de mayo, la atención ha estado en el proyecto gubernamental para implantar peajes en las autovías que ha añadido más incertidumbre si cabe a un sector enfrentado a una crisis de gran calado.

Esta semana se ha sabido que los peajes en las autovías incrementarían los costes del transporte entre un 9% y un 13%. El impacto de esta medida podría ser tan brutal, que incluso los cargadores han levantado la voz por los efectos que podría tener sobre la competitividad del país en el conjunto de la Unión Europea.

En este mismo sentido, los constructores andaluces también se muestran en contra de un proyecto que consideran «desproporcionado», aunque otros países europeos, del este en concreto, también parecen ir en esta misma línea.

Por ahondar un poco en la intención de la Administración de ir haciendo caja, las anunciadas nuevas cuotas de autónomos y la subida de impuestos han causado rechazo en el sector, que alerta de que «la única recaudación que hará Moncloa será la del aumento del paro y la merma de la economía española«.

En esta línea, parece que el Gobierno trabaja seriamente para incrementar la fiscalidad de los combustibles derivados del petróleo y juguetea con la idea de dar el golpe definitivo al gasóleo profesional.

También en el terreno de los peajes, son curiosas las diferencias existentes entre los territorios de este país. Si, por un lado, Guipúzcoa se agarra con uñas y dientes a cualquier triquiñuela para mantener a flote las tasas que cobra a camiones, por otro, la Comunidad de Madrid ha informado a las asociaciones de la región de que no pondrá peajes en las autovías de titularidad autonómica. Cosas, en definitiva, de la política

En apoyo del ferrocarril

Contrasta este afán recaudatorio con el riego de millones que anuncia el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para movilidad sostenible y conectada, y que implicará, entre otros aspectos, la transferencia de 1.520 millones a las autonomías, así como una inyección de vitaminas para el ferrocarril.

Precisamente otro aldabonazo para el transporte ferroviario viene de parte de la flamante y nueva Ley de Cambio Climático, que destinará al ferrocarril 6.250 millones de euros mientras que penaliza a la carretera o al avión.

En el terreno de la sostenibilidad, el transporte barcelonés parece decidido a plantar cara al impacto que tiene sobre su actividad la implantación de la zona de bajas emisiones del área metropolitana de Barcelona, y que implica expulsar al 56% de los vehículos ligeros y el 59% de los vehículos pesados censados en Barcelona dedicados al reparto urbano de mercancías.

Como buena noticia para el sector, el Supremo ha vuelto a ratificar su línea jurisprudencial favorable a que los transportistas puedan ejercer la acción directa dentro de cualquier concurso de acreeedores, con una nueva sentencia favorable a una empresa del sector a la que no se habían abonado sus servicios.

En cuanto a estadísticas de situación, durante el pasado mes de abril ha vuelto a caer el paro entre los conductores de camión en abril, aunque también se ha desplomado la contratación de chóferes.