La DGT baraja aplicar una nueva prohibición de circulación por la N-340 entre los municipios castellonenses de Peñíscola y Torreblanca, con el consiguiente desvío del tráfico pesado a la AP-7.
El objetivo es avanzar hacia un modelo único del Estado, sin desigualdades en función del lugar de residencia, aunque aún es preciso aclarar cómo se financiará la red de alta capacidad.
El Gobierno pretende crear una subcomisión para estudiar el modelo de financiación de toda la red de carreteras y buscar soluciones a las autopistas cuyas concesiones finalizan próximamente.
Entienden que se trata de una medida discriminatoria, tanto por la obligatoriedad para los camiones frente a su carácter voluntario para otros vehículos, como por el importe reducido de la bonificación.
Mientras la Generalitat valenciana pide nuevos desvíos de camiones, los transportistas claman contra el incremento de los costes que suponen estas medidas.
La entrada en vigor de estos desvíos supone "un nuevo revés al transporte por carretera" que tendrá consecuencias sobre los márgenes de beneficio de un sector "permanentemente acosado" por factores externos.
Está previsto liberar en esta legislatura los peajes de la AP-1 Burgos-Armiñón, de la AP-7 Tarragona- Alicante y de la AP-4 Sevilla-Cádiz.
La DGT estima prohibir la circulación de camiones de cuatro ejes o más por la N-340 desde Peñíscola hasta el límite provincial con Tarragona.
La improvisación y la falta de información puntual y detallada "han provocado que los camiones estén parados de cualquier manera y no siempre en las mejores condiciones" para los conductores.
El sector del transporte protesta contra la inminente obligatoriedad de los desvíos de camiones a la AP-7 y pide que las administraciones inviertan en la mejora de la seguridad en la N-340.