El objetivo es conseguir el desvío del total de los vehículos industriales a la AP-6 mediante bonificaciones, como paso previo a la puesta en marcha de la variante de San Rafael.
Muchos transportistas no han podido entregar sus mercancías a tiempo, además de ver reducidos sus ingresos, por la obligación de cumplir con unos tiempos máximos de conducción.