Las principales organizaciones de los transportistas quieren que la decisión de utilizar autopistas alternativas sea voluntaria y que en todo caso, se subvencione la totalidad del coste de los peajes.
El Gobierno piensa transferir tráfico de vehículos pesados a las autopistas, prohibiéndoles transitar por carreteras nacionales y bonificando los peajes de las autopistas anexas.
Reducir el coste de los peajes o aumentar la velocidad máxima en las autopistas permitiría que estas ganasen usuarios, aligerando así el tráfico y disminuyendo la accidentalidad en las carreteras secundarias.
Las autopistas que han incrementado sus peajes para el 2015 son las radiales R-3 y R-4 de Madrid, la autopista Santiago-Alto Santo Domingo, la AP-7 entre Alicante y Cartagena y la R-4 Madrid-Ocaña.
A pesar del repunte, el tráfico de las autopistas continúa en niveles similares a los que presentaba a finales de la década de los noventa, con una red de unos 1.700 kilómetros, frente a los 2.560 kilómetros actuales.
La saturación del tráfico en los puntos transfronterizos de las autopistas se genera principalmente por la escasez de cabinas en puntos críticos.
El plan contempla constituir con las ocho autopistas en quiebra una empresa pública de autopistas, después de aplicar una quita del 50% a la deuda de 3.800 millones que tienen con los bancos.
El concurso de acreedores presentado diez minutos antes de que terminara el plazo dado por la Justicia, permite evitar que las autopistas radiales de Madrid entren en liquidación y otorga a Fomento un mes más para cerrar la negociación.
Pese al rechazo de la banca extranjera, el plan de Fomento pasa por aplicar una quita del 50% a la deuda de 3.400 millones de euros que suman estas autopistas y titulizar el pasivo restante en un bono a treinta años.
Los bancos acreedores de la autopista consideran que la misma, que ha elevado un 3,25% su tráfico en este 2014, es viable al generar recursos suficientes para pagar su deuda.
La Reforma de la Ley Concursal, que el Gobierno llevó a cabo el pasado 5 de septiembre, permite acumular en un solo proceso los concursos de acreedores de las nueve autopistas en quiebra.
El próximo 19 de septiembre, cuando la junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda se reuna para la liquidación de la misma, se fijará el plazo máximo de los organismos públicos para finiquitar el rescate de las autopistas en quiebra.
Desde Fomento se han intensificado las negociaciones con la banca extranjera desde el comienzo de septiembre con el objetivo de que las entidades foráneas acepten asumir una quita de la deuda que tienen contraída con las radiales del 50%.
Entre la deuda de 2.300 millones que se contraerá, el Gobierno plantea la financiación de 646 millones mediante un préstamo por parte de la banca extranjera, que se devolverá a un tipo del 4,11%.
Debido al aumento de las tasas incrementadas el 1 de enero un 1,88%, pero también al incremento del 2,65% de los vehículos pesados que han circulado por ella.
Ante la negativa de los bancos de otorgar un préstamo al Gobierno con un bono de 30 años al 1% de interés, el Ejecutivo estaría dispuesto a elevar el mismo hasta un 2,5%.
Desde la implantación de las primeras medidas de gratuidad en la AP-68 de La Rioja, los usuarios han ahorrado 47,8 millones de euros en desplazamientos.
Se trata de la segunda vez que se aplaza, con el fin de que la resolución a su situación se aborde en el marco del plan de rescate que el Gobierno diseña para toda la decena de autopistas quebradas.
Este viernes 18 de julio se producirá la votación de la junta de acreedores de la AP-36 Ocaña-La Roda, que podría concluir con la primera liquidación de entre las nueve autopistas en concurso de acreedores.
Se sumarán mejoras regulatorias en el transporte por carretera, incluyendo la adecuación de la tarificación de autopistas.