El aumento de los costes de explotación podría llevar a un aumento de los precios para los clientes o a que los cargadores contraten empresas establecidas en otros países.
Fetransa ha valorado positivamente la decisión, aunque hubiera preferido una prórroga de dos años, mientras que Astic cree que estos cambios de criterio dificultan "la más mínima planificación económica".
Si no se establece una prórroga, se "empujaría al transportista autónomo a la desaparición", pues perdería competitividad frente a los grandes operadores o las empresas deslocalizadas.
A día de hoy, resulta imposible cruzar datos de los supuestos infractores entre el Ministerio de Trabajo, el de Hacienda y el de Fomento, lo que "permite que las bolsas de fraude sigan aumentando".
La modificación de las condiciones vigentes dejaría a muchos transportistas autónomos sin posibilidad de trabajar, al menos durante lo que queda de año, para "no rebasar el escaso límite de facturación".
Entre las principales preocupaciones de la Federación, destacan el 'dumping social' y la reforma del ROTT, que "viene a condenar a medio plazo a la desaparición a las empresas más pequeñas".