La normativa se rige por el principio de que quien contamina, paga, garantizando así la indemnización a quienes han sufrido pérdidas o daños en el transporte marítimo de sustancias nocivas.
Mejora la eficiencia y la seguridad a través de la monitorización del tráfico y la recogida de datos que puedan ser analizados para prevenir incidentes.
El documento recoge las instrucciones refereridas al embalaje, obligaciones del expedidor y del explotador, así como las relacionadas al suministro de información y a programas de instrucción.