La CNMC acaba de publicar su 'Informe sobre la contratación centralizada de los servicios postales de la Administración General del Estado', sobre los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que regirán en la primera fase del contrato de servicios postales de la Administración General del Estado, en el que se analizan las implicaciones de dichos pliegos desde el punto de vista de la competencia efectiva en los mercados y la regulación económica eficiente.
Correos ha sido adjudicatario de todos los contratos de los distintos departamentos y organismos, con la excepción de la Agencia Tributaria y del Servicio Público de Empleo Estatal, fundamentalmente. Estos contratos vigentes tienen características muy similares pero precios muy diferentes en función del volumen de envíos postales previstos.
En este informe, la CNMC reitera que la contratación centralizada debe efectuarse sin menoscabo de los principios garantes de una competencia efectiva.
Así, la CNMC estima, en relación con la capacidad distorsionadora que supone la presunción legal de fehaciencia que la Ley del Servicio Postal Universal que se otorga en exclusiva a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, le sitúa en una posición de partida francamente ventajosa frente a sus competidores.
Por ello se proponen medidas para paliar dicho privilegio de partida en relación con el diseño de los lotes, mediante la división en los lotes especificados en la versión de los pliegos informada.
Respecto a la necesidad de contar con oficinas en todas las capitales de provincia, se plantean dos posibles alternativas, como son que la red de oficinas que de Correos sea accesible para el resto de licitadores potencialmente interesados en participar, o bien que se troceen los citados lotes en un ámbito geográfico inferior al estatal, con el fin de que pudiera garantizarse cierta concurrencia competitiva en áreas geográficas donde algún operador alternativo al prestador del servicio universal pudiera ofrecer las infraestructuras exigidas.
Otras recomendaciones apuntadas desde el organismo regulador, hacen referencia a la duración del contrato, modificación del mismo, las condiciones de aptitud para contratar o la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
Por último, y respecto a las vías reforzadas de publicidad, se recomienda extender al máximo las vías de publicidad, acudiendo no solo al Boletín Oficial del Estado sino también a medios complementarios, como revistas nacionales e internacionales especializadas, que favorezcan su difusión.