Como ya ha informadoanteriormente cadenadesuministro, el Gobierno contempla agrupar las autopistas actualmente en quiebra en una sociedad 100% pública tras previamente realizar una quita del 50% en la deuda financiera de las autopistas con los bancos y otra, también del 50%, en la deuda de la Administración con las constructoras que ejecutaron las infraestructuras.
El Ministerio de Fomento ha dado de plazo hasta este próximo lunes, 31 de marzo, a bancos y constructoras para respondan si finalmente este modelo para solucionar los problemas de las autopistas.
Europa pide explicaciones
En este contexto, Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, ha reiterado su petición a la ministra de Fomento, Ana Pastor, de que informe en detalle al Ejecutivo comunitario antes de adoptar una decisión definitiva sobre el rescate planteado.
Hasta el momento, el Ejecutivo comunitario no ha estado involucrado en la elaboración del plan, si bien, Almunia solicita a las autoridades españolas que informen a la Comisión para poder dictaminar si estas son compatibles con la regulación sobre las ayudas de Estado.
Bruselas debe determinar si el plan supone una subvención estatal y, en caso positivo, examinar si las medidas se ajustan a las normas de la UE sobre ayudas públicas. Si no es así, Bruselas podría vetar el rescate u obligar a modificarlo.
Los sindicatos exigen garantías
Los sindicatos entran en escena, y así UGT y CC.OO. denuncian que el Gobierno ha diseñado su plan de rescate para estas infraestructuras sin contar con los representantes de los trabajadores, pese a las reiteradas solicitudes de información sobre el proceso que han planteado a Fomento.
Los sindicatos han denunciado que los 800 trabajadores que trabajan en las autopistas aún no conocen cual sería su situación si finalmente se creara la nueva sociedad. Por tanto, también han solicitado a Fomento garantías para estos.
CC.OO. argumenta que en la eventual nueva empresa nacional de autopistas deben subrogarse los contratos de los trabajadores con las mismas condiciones y derechos. Aunque admite que es una situación compleja, ya que se trata de personal que proviene de nueve sociedades con diferentes políticas laborales.
La historia se repite
El 21 de marzo de 1984, hace ahora 30 años, el Gobierno salió al rescate de seis autopistas de peaje, la mayoría gallegas, que habían entrado en quiebra, por no tener tráfico, según ha informado eldiario.es.
La inyección de dinero público se efectuó entonces para la compra por el Estado del 100% del capital de las cinco concesionarias quebradas. El banco malo creado al efecto se denominó Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
Cabe destacar que en 2003 se reprivatizó ENA y que las sociedades que pujaron en aquel proceso son las mismas propietarias de las nuevas autopistas en ruina.