Implicaciones de la declaración de emergencia climática para la logística y el transporte

El Gobierno propone 30 líneas prioritarias de actuación contra el cambio climático, cuyos primeros pasos serán el proyecto de Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050.

21/01/2020 a las 19:10 h

movilidad sostenible El plan del Gobierno incluye una Ley de Movilidad Sostenible.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha declarado, en el Consejo de Ministros de esta misma semana, la emergencia climática y ambiental y en este sentido se ha comprometido a ejecutar 30 líneas de acción, de las que cinco medidas se llevarán a cabo en los primeros 100 días de Gobierno.

Entre ellas se encuentran el proyecto de Ley de Cambio Climático y la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050.

Por lo que respecta al proyecto de Ley de Cambio Climático, las autoridades buscan una norma que garantice alcanzar las emisiones netas cero hacia 2050, merced al impulso de un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con cero emisiones, así como de un sistema agrario neutro en emisiones.

Además de las primeras medidas urgentes, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental.

Medidas para la movilidad, la logística y el transporte

En concreto, dentro del ámbito de la movilidad, la emergencia climática implica fomentar medidas para la alcanzar una movilidad sostenible, intermodal y conectada.

Para facilitar esta iniciativa se adoptará una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente, en línea con las políticas europeas al respecto.

Todo este conjunto de medidas políticas implicará movilizar un volumen sustancial de inversiones hasta 2030, por un valor que superará los 200.000 millones de euros, aunque, al mismo tiempo, según las autoridades, una buena gestión permitirá importantes mejoras en la productividad de la economía y la balanza comercial, la modernización de nuestro sistema productivo, la mejora de la calidad de vida de los españoles y la generación de empleo neto.

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