Parece que no todos están contra el uso del diésel como combustible de automoción y que, además, algunos se atreven a criticar medidas políticas que pretenden arrinconar este combustible en una transición energética de la que se discuten sus plazos apurados y el carril único que parece imponerse.
Nadie pone en duda que es necesario tomar medidas contra el cambio climático, pero conviene calcular el impacto de lo que se propone, no solo desde un punto de vista medioambiental, sino también en términos económicos y de empleo.
Máxime cuando una tecnología como la diésel parece llamada a jugar un papel esencial en la transición energética, gracias, sobre todo, a su tremendo desarrollo tecnológico, así como al potencial que aún tiene para evolucionar y reducir sus emisiones contaminantes.
Así pues, a lo largo de esta semana, en una de los principales motores de la industria automovilística, Alemania, un grupo numeroso de trabajadores de automoción se han manifestado para defender sus puestos de trabajo y la tecnología que les da de comer.
Aumento de la fiscalidad al diésel
La Administración alemana baraja incrementar de manera progresiva la fiscalidad del diésel a partir de 2023, con una subida de tres céntimos para ese año y un céntimo más por cada año posteriormente, y, al mismo tiempo, poner en funcionamiento un nuevo impuesto para camiones de gasóleo, a razón de 80 euros por tonelada de CO2 emitida y que actuaría como elemento disuasorio para la compra de nuevos vehículos industriales diésel.
De igual modo, el Gobierno germano también tiene la intención de establecer cuotas de matriculación para vehículos eléctricos e híbridos, algo que, junto con las cada vez más habituales restricciones en el acceso a los centros de las ciudades para los vehículos más contaminantes, ha terminado por soliviantar los ánimos de los trabajadores de diferentes plantas de automoción del país.