La Comisión de Fomento del Congreso ha aprobado este martes la ponencia del proyecto de Ley de Ordenación de Transportes Terrestres con 26 votos a favor y 15 en contra. En concreto, la ponencia ha recibido el apoyo de PP, UPyD, CiU y PNV, mientras que PSOE y de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) han votado en contra. Además de las enmiendas incluidas en la ponencia, se han aprobado tres enmiendas transaccionales.
En total, se han admitido, transaccionado o finalmente negociado, cincuenta de las doscientas dieciséis enmiendas que se habían presentado al proyecto. Esto supone, según ha recalcado el portavoz del PP, Andrés Ayala, que “el 23% de las enmiendas presentadas han supuesto una incorporación de sus textos de una o de otra manera, a satisfacción de los distintos grupos parlamentarios”, con el objetivo de resaltar el consenso alcanzado en la tramitación del proyecto.
Ayala ha puesto en valor los acuerdos con Izquierda Plural en once enmiendas; con el Grupo Parlamentario Mixto en dos de ellas; con el Partido Socialista en trece de esas enmiendas; con Convergència i Unió en diez de ellas; con el PNV en tres, igual que con UPyD, también en tres; y también “el Grupo Popular ha modificado sus textos para alcanzar el acuerdo en otras siete enmiendas”.
Ahora, el proyecto de ley de reforma de la LOTT se enviará al Senado para continuar su tramitación y aprobación definitiva.
CiU, incremento del arbitraje hasta 15.000 euros
El portavoz de CiU, Pere Macias, ha mostrado su satisfacción con las enmiendas introducidas en la ponencia y ha destacado, entre otras cuestiones, cómo queda el arbitraje en el sector puesto que “al final, hemos transaccionado y creo que va a quedar en 15.000 euros”. Para Macias esta cantidad es un paso más para la “desjudicialización, que va a permitir lógicamente ser más ágiles y que la justicia resuelva aquellos aspectos de magnitud suficiente como para que se puedan tener en cuenta”, ha expresado en su intervención.
También se ha mostrado conforme con los cambios introducidos respecto al proyecto inicial del Gobierno que “liberalizaba en exceso la prestación de servicios a cargo de los vehículos de menos de 3,5 toneladas; esto no sucede en ningún país de Europa, ni en los más ultraliberales”, ha recalcado.
Otro aspecto positivo en opinión de CiU se refieren a los avances importantes en el caso de impago por el transportista. Concretamente, con la mejora que se ha introducido en la transacción correspondiente a la enmienda 210 propuesta por el grupo catalán “se ha podido establecer que toda la cadena de subcontratación puede reclamar”. No obstante, ha pedido al PP que acepte un pequeño cambio en la redacción de la enmienda sobre la acción directa para evitar confusiones y dudas.
PSOE, proyecto sin apoyo del sector
Por su parte, el portavoz del PSOE, Rafael Simancas, ha justificado su negativa a la ponencia en que “este proyecto de ley tan importante, tan estructural para la economía y la sociedad española ha sido mal resuelto”.
En su opinión, “no se ha ha escuchado a nadie, ni a los grupos parlamentarios de esta Cámara ni a ninguno de los representantes de los sectores afectados que han pasado por el ministerio y por esta casa”. Por este motivo, Simancas entiende que “un proyecto que inicialmente encontraba respaldo en todo el sector, hoy tiene un rechazo generalizado del mismo”.
Como ejemplo, el portavoz socialista se ha referido a que el proyecto del Gobierno “estrangula la actividad de las cooperativas de transporte por la vía de impedir a los cooperativistas facturar a sus entidades de economía social, como hacían hasta ahora”.
Esto tendrá como consecuencia que “más de 20.000 familias que se van a quedar sin trabajo directamente, en un momento extraordinariamente duro para nuestra economía”, ha dicho Simancas tomando referencia a los datos expuestos por diferentes asociaciones de cooperativas que también han mostrado su rechazo al proyecto de reforma de la LOTT.
Para el PSOE, además, resulta paradójico que se “restringe el mercado en relación con las cooperativas de transporte, pero liberalizan absolutamente el sector del transporte en vehículos de menos de 3,5 toneladas”.
En este punto, Simancas enfatiza en que no se trata de “establecer las mismas garantías, las mismas reglas para quien conduce un tráiler que para quien conduce una furgoneta, pero sí queremos garantía de profesionalidad, de calidad en el servicio y de seguridad vial”. De ahí que aboga por imponer a este tipo de vehículos de hasta 3,5 t unas “garantías mínimas de profesionalización”.
Aunque reconoce que en este asunto se ha avanzado algo respecto al proyecto anterior, "pero nos parece absolutamente necesario, y aquí tampoco ha movido pieza excesivamente el Gobierno, ir más allá del visado”.
En cuanto a la responsabilidad objetiva, al PSOE no le parece razonable “eximir de responsabilidad y de sanción a las empresas por los incumplimientos de las normas si logran descargar la responsabilidad sobre sus trabajadores”. Cree que con ello, se está fomentando o posibilitando al menos el fraude por la vía de que las empresas fuercen a sus trabajadores a asumir las culpas que tienen sus empresas.
Rafael Simancas ha concluido su intervención reconociendo que “sí ha habido esfuerzos de diálogo, sí se han transaccionado algunas enmiendas que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, es verdad que no las más importantes, tenemos que reconocer ese esfuerzo”. Pero “en lo mollar, en lo trascendental, en lo estratégico, con esta ley se pierden derechos”.
El PP acepta una redacción más clara en la acción directa
En la defensa del proyecto, Andrés Ayala ha recogido el guante que previamente había lanzado el portavoz de CiU respecto a la enmienda transaccional relativa a la acción directa. Así ha propuesto a la Comisión que en el párrafo correspondiente a la disposición adicional sexta, tras la expresión “tendrán acción directa”, se añada “por la parte impagada” y se siga con la redacción de la disposición adicional sexta “contra el cargador principal y todos los que en su caso le hayan precedido en la cadena de subcontratación”.
De esta forma, para el PP que todavía más claro el enunciado que permite al transportista reclamar su servicio no pagado por alguna de las partes en la cadena de subcontratación.
Ayala ha rechazado las críticas del PSOE en cuanto a las cooperativas llegando a acusar a Rafael Simancas de mentir en su exposición al respecto. Según el popular, con la nueva LOTT “cualquier cooperativa y cualquier transportista pueden tener autorizaciones, una con su régimen de persona jurídica y otra con su régimen de persona física y no son incompatibles como hasta ahora”.
En cuanto a la regulación y autorización de los vehículos de 2 a 3,5 toneladas, el PP sostiene que sí tiene regulación. “Donde no tiene regulación es en Europa y el proyecto del Gobierno hacía transposición de la directiva europea”. Por ello, “lo que hemos hecho es someterlo a autorización y también a la honorabilidad”, ha recordado Ayala.
Para reforzar su teoría, el portavoz popular ha recordado que a esta categoría de vehículos de los cuatro requisitos que se le pone a todo el transporte se mantienen dos de ellos, incluido el de la honorabilidad y también el de la autorización con la misma importancia.
Por lo tanto, se ha preguntado "¿cómo se puede decir que estamos desregularizando el transporte de los vehículos de 2 a 3,5 toneladas?”.