El 65% de las empresas mantiene que los retrasos pueden tener un impacto medio-alto sobre su liquidez.
La morosidad y los retrasos en los pagos, que en España afectan especialmente al sector del transporte y la logística, pueden tener graves consecuencias para las empresas. Así lo asegura el último Informe de Pagos por Sectores elaborado por Intrum Justitia, que concluye que el 52% de los operadores se ve obligado a establecer plazos más largos que los acordados inicialmente para el pago.
Tanto los consumidores como el sector privado tienden a agotar los tiempos marcados, que se sitúan en 20 y 45 días respectivamente. Por su parte, la administración pública, que suele contar con un margen de 42 días, tarda de media 16 más en hacer efectivos sus pagos.
La causa radica en el 70% de los casos en las dificultades financieras de los deudores, aunque el 52% de los encuestados también apunta a la intencionalidad del retraso. Otros posibles detonantes son la ineficiencia de los departamentos de administración, que nombra un 48% de las empresas, y las disputas en torno al servicio brindado, que están presentes en un 30% de las ocasiones.
Amenaza para la supervivencia
Estas demoras representan una amenaza para la supervivencia de muchas empresas. El 65% mantiene que puede tener un impacto medio-alto sobre su liquidez y cree que los retrasos pueden causar pérdidas directas. De hecho, las pérdidas por impagos en el sector del transporte y almacenamiento se sitúan ya en el 1,3%.
Otro inconveniente son las cargas adicionales en concepto de interés, así como la imposibilidad de contratar a nuevos profesionales. En este sentido, cabe destacar que el 30% de las compañías afirma que podría ampliar su plantilla si cobrase antes.
Asimismo, las compañías que cobran tarde se ven forzadas a su vez a retrasar sus propios pagos. Para protegerse frente a estas situaciones, un 48% opta por los seguros crediticios y el cobro inmediato, mientras que el 43% apuesta por la verificación crediticia y el 39% prefiere el pago por adelantado.