El Consejo de Ministros articula en su reunión de esta semana un nuevo retraso de la entrada en vigor del del Real Decreto que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos de facturación de empresarios y profesionales y la estandarización de formatos de los registros de facturación.
Con este cambio, el Gobierno asegura que pretende dar un mayor margen de adaptación de los sistemas informáticos a los empresarios y profesionales a la regulación de la factura electrónica y, al mismo tiempo, cumple un acuerdo alcanzado con los Junts.
En este sentido, eran muchas las dudas que se habían suscitado en relación con la llegada de la factura electrónica, especialmente en los casos de autónomos y pymes que, a priori, son los que menos medios tienen para informatizar la gestión de estos documentos.
De esta manera, se amplía hasta el 1 de enero de 2027, respecto de la fecha inicialmente prevista de 1 julio de 2025, el plazo para cumplir con las obligaciones previstas en el Reglamento y en su normativa de desarrollo para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
A su vez, para el resto de los obligados tributarios el plazo límite para su aplicación se establece en el 1 de julio de 2027 para facilitar suadaptación en la medida que no están sometidos a las mismas obligaciones que los anteriores que pudieran determinan la no utilización habitual de sistemas informáticos.
Esta normativa sobre facturación electrónica tiene el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude tributario y la economía sumergida derivados del denominado ‘software de doble uso’