El Gobierno no ha perdido la esperanza de alcanzar un Pacto de Estado con las principales formaciones políticas sobre la estrategia a seguir con las autopistas de peaje del país que empiezan a cumplir el plazo de concesión y revierten al Estado.
A pesar de el actual contexto político, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se resiste a pensar que no puedan negociar sobre este asunto, "que supera los límites de una legislatura" y promoverá un "debate sosegado" al respecto.
Actualmente, seis vías se enfrentan a esta situación, empezando por la AP-1 Burgos-Armiñón, que se encuentra en manos de la concesionaria Itínere, cuyo plazo vence en noviembre de 2018.
A lo largo de 2019, llegará el turno del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y de la AP-4 Sevilla-Cádiz, mientras que en 2021 terminará la concesión de la autopista que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y la de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, todas ellas en manos de Abertis.
Fomento no tiene previsto ampliar los plazos de concesión, por lo que todas ellas revertirán al Estado y deberá decidirse sobre la posibilidad de sacarlas a concurso para que empresas privadas las exploten a cambio de un peaje, o mantenerlas en la red de carreteras estatales.