Cuando se descubren drogas a bordo de buques mercantes, las consecuencias para los marineros inocentes pueden ser devastadoras. A pesar de las directrices acordadas por dos agencias de la ONU para proteger sus derechos, los marineros siguen enfrentándose a detenciones arbitrarias, encarcelamientos prolongados en jurisdicciones extranjeras y separación de sus familias mientras las autoridades investigan delitos en los que no participaron.
Esta desconexión entre los compromisos internacionales y la realidad sobre el terreno representa uno de los desafíos más urgentes en materia de derechos humanos para la industria marítima. Las Directrices IMO/ILO sobre el Trato Justo de la Gente del Mar Detenida en Relación con Presuntos Delitos fueron adoptadas en 2025 como una herramienta de referencia para salvaguardar los derechos fundamentales.
Estas directrices refuerzan la presunción de inocencia, prohíben la detención arbitraria y establecen procedimientos claros sobre cómo deben tratar los países a los marineros durante las investigaciones. Sin embargo, la Cámara Internacional de Navegación, ICS, continúa documentando casos preocupantes en los que son ignoradas.
Tomando como ejemplo casos recientes, algunos marineros han sido detenidos hasta dos años en países extranjeros, sin servicios adecuados de traducción, separados de sus familias y privados de la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza mientras concluye cualquier investigación o proceso judicial, algo explícitamente recogido en las Directrices.
Algunos marineros han sido detenidos hasta dos años en países extranjeros, sin servicios de traducción, separados de sus familias y privados de la posibilidad de obtener la libertad bajo fianza.
Durante encarcelamientos prolongados, estos marineros se han perdido acontecimientos familiares y han sufrido un grave deterioro físico y mental. Su único “delito” ha sido estar a bordo de un buque cuando se descubrieron sustancias ilegales, a menudo escondidas por redes criminales que aprovechan las rutas marítimas globales.
El trato justo a la gente del mar siempre debería ser urgente, pero la dinámica actual del sector lo convierte en una necesidad crítica, pues aunque con los cambios en el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, los marineros serán considerados trabajadores esenciales, el crecimiento de la flota en la próxima década probablemente agravará la escasez de personal.
La industria enfrenta importantes desafíos de reclutamiento y retención que exigirán concentrar esfuerzos en la promoción de la carrera, una mejor educación marítima y la mejora de las condiciones laborales. Las continuas injusticia hacia los marineros solo servirán para profundizar en esta crisis, pues ¿por qué personas talentosas elegirían una carrera en la que corren el riesgo de pasar años en cárceles extranjeras por delitos que no cometieron?
Los Estados portuarios tienen preocupaciones legítimas de seguridad en lo que respecta al tráfico de drogas, pero la solución no es tratar a los marineros como cómplices voluntarios. El problema de las drogas es un desafío social que exige políticas coordinadas a largo plazo para abordar la oferta y la demanda de estas sustancias.
Los países deberían garantizar una supervisión efectiva del cumplimiento en tierra del Código ISPS y colaborar con sindicatos, estibadores, transitarios y asociaciones de armadores para poner en marcha medidas preventivas adecuadas al perfil de riesgo de cada puerto.
¿Por qué personas talentosas elegirían una carrera en la que corren el riesgo de pasar años en cárceles extranjeras por delitos que no cometieron?
Estos esfuerzos deben complementarse con la colaboración con agencias nacionales, regionales e internacionales de inteligencia que combaten el tráfico de drogas. La Guía de la ICS sobre Tráfico de Drogas y Abuso de Drogas a Bordo de Buques ofrece información detallada sobre cooperaciones y recursos en todo el mundo.
A su vez, las Directrices IMO/ILO proporcionan una hoja de ruta sobre cómo deberían ser las respuestas apropiadas cuando se descubren drogas a bordo. Un trato justo implica la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, cargos basados en pruebas en lugar de detenciones por la posición de una persona en el buque, e investigaciones rápidas y justas realizadas sin coerción, intimidación ni abuso.
También implica garantías de un proceso adecuado, incluyendo servicios de traducción, acceso consular, protección contra la detención arbitraria y repatriación una vez que los marineros ya no sean necesarios para la investigación o, si la legislación nacional lo permite, mediante la presentación de garantías financieras hasta que se resuelvan los procesos.
Los marineros trabajan en circunstancias excepcionalmente difíciles, lejos de casa durante largos períodos, visitando múltiples puertos en distintas jurisdicciones con idiomas y sistemas legales variados. Sin embargo, las autoridades a menudo ignoran esta realidad, dejándolos aislados en países extranjeros durante investigaciones o juicios. Es decepcionante que las solicitudes de repatriación sigan siendo rechazadas en muchos casos.
Existen algunas señales alentadoras, pues la industria se está enfocando ya en activar medidas preventivas contra el tráfico de drogas y mostrando su preocupación por la detención de marineros. Sin embargo, aunque las autoridades marítimas apoyen estas directrices, los cuerpos encargados de las detenciones, así como los fiscales y jueces parecen ignorarlas, quizás por falta de conocimiento, lo que revela una brecha de coordinación.
Cada detención injusta representa una mancha para la industria en un momento en el que enfrenta una creciente escasez de profesionales y busca atraer a la próxima generación.
Si hubiera una sola práctica que pudiera reformarse, sería garantizar que las detenciones y cargos siempre estén basados en pruebas y que se respete la presunción de inocencia. Además, las autoridades deben considerar, cuando sea apropiado, permitir la repatriación aportando avales financieros mientras se espera la resolución.
ICS, que considera esencial una mayor promoción y comprensión de las directrices por parte de las administraciones, ha iniciado conversaciones con actores del sector para aumentar la concienciación entre los funcionarios responsables de investigaciones sobre tráfico de drogas. La industria marítima no puede resolver sola la crisis global del tráfico de drogas, pero los Estados pueden y deben garantizar que sus legítimos intereses de seguridad no se logren a costa de injusticias para marineros inocentes.
Cada detención injusta representa no solo una tragedia para el marinero y su familia, sino también una mancha para la industria en un momento en el que enfrenta una creciente escasez de profesionales y busca atraer a la próxima generación. Las directrices existen, los principios son claros, y lo que se necesita es voluntad política para garantizar que se apliquen de manera coherente, en todas partes y siempre.