La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte, Fenacontrans, viene llevando a cabo una intensa actividad en los últimos años para tratar de erradicar la actuación irregular y fraudulenta que llevan a cabo un grupo de cooperativas de transporte, y que desprestigia el buen hacer que llevan a cabo el resto de cooperativas.
Promovidas por un reducido grupo de gestores, basan su existencia y funcionamiento en las ventajas fiscales que representa el régimen de módulos en el transporte por carretera, pero incorporando a socios que sin ser transportistas tributan en dicho régimen fiscal.
Esto supone una situación de grave intrusismo y competencia desleal para el resto de cooperativas, autónomos y empresas de transporte, por lo que la Federación ha interpuesto denuncias penales contra estas pseudo-cooperativas y sus gestores, actualmente en tramitación, por la presunta comisión de diferentes delitos tributarios y de otra índole. En ellas, se relata el modus operandi utilizado para tratar de evitar el control de las diferentes Administraciones.
Asimismo, Fenacontrans ha venido manteniendo diferentes reuniones tanto con el Ministerio de Transportes como con el de Trabajo para intensificar la inspección contra este tipo de cooperativas. El Ministerio de Transportes ha incluido en el Plan de Inspección del Transporte por Carretera para 2025 una actuación prioritaria contra ellas por contravenir su actuación la Ley de Ordenación de Transportes.
Estas cooperativas y sus socios se exponen, por tanto, a multas económicas muy elevadas, constándole a la Federación que "tales actuaciones se están llevando a cabo con el apoyo de otras Administraciones", lo que podría llevar además a regularizar su situación tributaria de los últimos cinco años.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo ha incluido una línea prioritaria de actuación contra dichas cooperativas en su Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2025-2027, para lo que potenciará su colaboración con la Inspección de Transportes. También se ha incluido otra dirigida a perseguir las denominadas “empresas buzón”, que utilizan grandes flotas para deslocalizarse en otros países de la Unión Europea con menores costes laborales y fiscales, pero para continuar trabajando en el país.
La actuación ilegal de las cooperativas fraudulentas desvirtúa el carácter eminentemente social de esta figura empresarial, que apenas representan el 1% del total de empresas del sector que operan en España. Por ello, la Federación rechaza que su utilización indebida pueda servir de excusa a determinados intereses para cuestionar dicha figura, basada en los principios de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad y solidaridad de sus miembros.