Tres años después de que la Asociación Española de la Carretera auscultara por última vez el estado de la red viaria, su nivel de deterioro se ha incrementado exponencialmente, pasando de 13.000 kilómetros que en 2022 presentaban deterioros muy graves en el pavimento a un total de 34.000 en 2025. Esto exige una reconstrucción de carácter urgente en un plazo inferior a un año, pues se trata de puntos que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales como superficiales.
Asimismo, se han contabilizado otros 20.407 kilómetros en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años, habiéndose identificado daños graves. La investigación concluye, por tanto, que como mucho en un cuatrienio sería necesario intervenir en 54.373 kilómetros, lo que supone el 52% de las carreteras españolas, pues los firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80 y principios de los 90.
El déficit de inversión acumulado se sitúa así en los 13.491 millones, considerando la subida experimentada por los precios de las materias primas, energía y personal. Así, a los 9.453 millones que en 2022 se estimaban necesarios, se suman ahora otros 4.038, teniendo en cuenta que el 20% de este incremento corresponde a la subida del IPC del último trienio, siendo el 23% restante atribuible al propio deterioro de la infraestructura.
Incremento de costes
Las necesidades de inversión se reparten entre los 4.721 millones que requieren las carreteras que gestiona el Estado y los 8.770 en las que administran los gobiernos autonómicos y forales. Además de lo que supone esta situación en un momento en que se pretende avanzar hacia unas infraestructuras verdes, seguras y conectadas, circular por una carretera en mal estado incrementa hasta un 12% el consumo de combustible, y obliga a reducir la velocidad de circulación una media del 10%, lo que, en el caso de los camiones, supone un 12,5% más de tiempo para realizar el mismo recorrido.
Considerando que los precios del transporte de mercancías se establecen en función del tiempo, se puede concluir que el incremento de los costes asociado al aumento de los tiempos de viaje terminará repercutiendo en aproximadamente un 10% en los precios del producto final, según estima la AEC.
Ante esta situación, desde la Asociación reclaman un espacio de financiación propio, global y sostenible para la conservación del patrimonio viario, que se nutriría de los Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, los fondos europeos, los sistemas de tarificación por uso, y las estrategias de colaboración público-privada. También destacan la elevada fiscalidad que soporta la movilidad por carretera, que sufre palmarias desventajas frente a otros modos de transporte.
En este sentido, sostienen que si se eliminara la exención de los transportes ferroviario, marítimo y aéreo del impuesto especial de hidrocarburos, se generarían anualmente 4.091 millones, según datos de la Fundación Corell. La equidad impositiva sería, por tanto, suficiente para revertir el déficit de conservación de carreteras en un plazo de algo más de tres años.