Balearia ha presentado una demanda contra el Acuerdo del pleno del Consejo de Ibiza del pasado 28 de marzo que desarrolló un sistema de control de afluencia de vehículos en la isla para garantizar la sostenibilidad turística.
La naviera pide la nulidad de la restricción acordada por esta entidad insular, que dejará de tener efectos el próximo 30 de septiembre, y solicita al juez que plantee una cuestión de constitucionalidad.
A juicio de la compañía, esta medida vulnera dos derechos fundamentales, como son el de igualdad al discriminar entre no residentes propietarios y no propietarios y el derecho a la movilidad al restringir la circulación por el Estado español.
Según un informe jurídico de la Universidad Jaime I aportado por Balearia en la causa, la medida restrictiva del Consejo insular de Ibiza es inadecuada técnica y jurídicamente, al abordar de forma parcial un problema que precisa de mayor rigurosidad e implementación técnica tanto a nivel de seguridad vial como de sostenibilidad ambiental.
En esta misma línea, un informe de parte elaborado por la consultora Meteoclim avala, a juicio de la naviera, con datos científicos que la medida no tiene ningún efecto positivo ni para el medio ambiente ni para la movilidad, pero ocasiona daños a presente y a futuro para la actual estructura de transporte marítimo.
Por último, la demanda incide en otros aspectos como el incumplimiento de plazos por parte del Consjo o la declaración irregular de urgencia de la tramitación del expediente de la restricción tras varios meses parado.
El presidente de la naviera, Adolfo Utor, argumenta que esta medida restrictiva perjudica gravemente a un sector estratégico para la isla y defiende que puede tener graves consecuencias futuras en las frecuencias y calidad del transporte marítimo en su conjunto.