Desde la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques, Anesco, se ha apremiado al Ministerio de Fomento para que cumpla con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa que en diciembre de 2014 declaró ilegal el sistema de estiba español por la asusencia de libre contratación y por la vulneración del principio de libertad de establecimiento, según recogen diversos medios valencianos.
Dicha sentencia acaba de cumplir seis meses y desde Fomento todavía no se ha dado respuesta al problema, según Anesco, a pesar de las reuniones mantenidas entre la asociación, el sindicado Coordinadora y con el propio ministerio. Por ello, la patronal considera que es el momento de que "Fomento mueva ficha".
En este sentido, Anesco ha señalado que esta paralización podría deberse al periodo electoral, al considera que el gobierno actualmente "no quiere líos y tiene otras prioridades". Además, estaría experimentando presiones desde Bruselas, pero "Fomento tiene que atenerse a la sentencia" y no retrasar más los cambios a consecuencia del fallo. "No hay excusas" han declarado fuentes de la asociación a 'Valenciaplaza.com'. Además, el número de reuniones entre las partes ha sido "insuficiente", según señala la patronal.
El documento presentado por Anesco contiene, como propuestas, el cumplimiento de la sentencia en su totalidad, y el respeto hacia el principio de igualdad para todas las empresas. Además, la administración tiene que asumir el coste social de aplicar la sentencia "el que sea", se apunta desde la asociación.
Desde la asociación se indica que la situación actual de los puertos españoles es "insostenible" y que cada día "supone una pérdida de competitividad" frente a puertos de otras regiones. "Hay puertos de Italia, Malta y Portugal, por decir sólo algunos, que se están llevando el tráfico de transbordo de contenedores por una mera cuestión de coste de las operaciones, ya que no podemos competir con sus precios".
Por su parte, Coordinadora ha manifestado que Fomento podría aceptar próximamente su propuesta para dar una salida a la situación. En ella, se expone como base la voluntariedad de las empresas para pertenecer a las Sociedades de Gestión de Estibadores Portuarios, Sagep. De esta forma, se ha planteado el mantenimiento de estas sociedades, al sostener que el TJUE no denunció estas sociedades, sino las obligaciones que impone la Ley de Puertos.
Además, se incluye la preferencia de contratación de los trabajadores portuarios. Los sindicatos han propuesto que el Gobierno articule bonificaciones a las empresas que decidan entrar en su accionariado para que sea más atractivo formar parte de ellas, antes que aplicar otras fórmulas.