La crítica situación en la que se encuentran las nueve concesionarias de autopistas en concurso de acreedores y en riesgo de liquidación ha llegado a las manos de Joaquín Almunia.
En un encuentro celebrado en Bruselas a finales de diciembre, al que asistieron la ministra Ana Pastor y el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, se solicitó la opinión de la Comisión Europea para evitar cualquier tipo de intervención que pueda contravenir la legislación en materia de ayudas de Estado al sector privado.
La iniciativa de Fomento de constituir una futura Empresa Nacional de Autopistas para cubrir un mínimo del 51% de los gastos de operación y el pago de intereses, se ha visto en buena parte favorecida por las dudas del Ministerio de Hacienda sobre el plan de rescate.
La entrada de Hacienda en el asunto, que tendrá la decisión final previo estudio técnico, se produce tras una reunión, en la que Pastor dio los detalles de los pros y los contras de la nacionalización. Desde entonces, ha sido la figura de la ayuda de Estado y la posible computación como déficit de la deuda de 3.700 millones de las autopistas lo que ha preocupado a Montoro.
La legislación sobre ayuda de Estado deja muy abiertos los supuestos, impidiéndose el apoyo de alguno de los socios de la UE a empresas concediéndoles ventajas, favoreciendo a determinadas compañías o producciones, utilizar recursos públicos para ello o alterar la competencia.
El rescate incluye el reconocimiento de una deuda de 500 millones con algunas constructoras, y se sumaría la deuda de cada una de las concesionarias para refinanciarla con la banca.
La empresa controlada en un 80% por el Estado tendría un primer tramo de deuda de 3.700 millones a un tipo medio del 2,6%, según lo negociado con la banca acreedora, y un segundo tramo de 1.200 millones correspondiente a un nuevo crédito al 6% de interés con el que se cubrirían las expropiaciones de suelo pendientes de pago.
Responsabilidad del Estado
Las autopistas englobadas en el proyecto de nacionalización de Fomento son la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), Henarsa (Radial 2), Accesos de Madrid (Radiales 3 y 5), Autopista Madrid-Sur (Radial 4), Madrid-Levante (AP-36, Ocaña-La Roda), Aucosta (Cartagena-Vera), AP-41 (Madrid-Toledo), Ciralsa (circunvalación de Alicante) y Ausur (Alicante-Cartagena).
Prácticamente todos los contratos firmados entre concesionarias y el Estado contemplan la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), un derecho de cobro que las concesionarias pusieron como garantía ante la banca para financiar la construcción de las autopistas.
En caso de liquidación, los acreedores ejecutarían esa RPA y el Estado se vería obligado a responder por unos 4.000 millones de euros. De las concesionarias que han ido entrando en concurso de acreedores, ante la imposibilidad de refinanciar sus deudas, la más avanzada es el de la concesionaria de la autopista AP-36 (Ocaña-La Roda), operada por Ferrovial.