La Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Agencia Tributaria ha desarticulado, en operación la que han participado cuerpos policiales de Grecia, Francia y Bulgaria,una organización criminal dedicada al fraude fiscal en la importación de mercancías desde China que presuntamente habrían defraudado en España más de 56 millones de euros y más de setecientos millones de euros en Europa.
La investigación tuvo su origen en una denuncia en 2023 por parte de una empresa almeriense que, tras recibir un requerimiento de la Agencia Tributaria reclamando las cuotas de IVA supuestamente defraudadas, se percató de que le habían usurpado su identidad mercantil en relación con operaciones intracomunitarias en las que no había participado.
Según la Policía Nacional, esta organización desarticulada se dedicaba a la importación de mercancías, fundamentalmente textiles, procedentes de China sin hacer frente a sus obligaciones tributarias en materia de IVA.
Para ello, usurpaban la identidad de empresas españolas, que nada sabían de estas operaciones, para fingir que eran estas mercantiles, y no la organización, las responsables tributarias de las cuotas fiscalmente exigibles por las importaciones.
La inmensa mayoría de los productos eran finalmente comercializados en distintos bazares chinos y adquiridos por mercantiles búlgaras, utilizadas a modo de pantalla en las que figuraban meros testaferros como socios y administradores, y que simulaban operaciones de venta a empresas españolas, ajenas al fraude, en algunos casos muy conocidas y que desconocían estas operaciones.
En este sentido, se han identificado alrededor de un centenar empresas españolas víctimas de la usurpación de su identidad fiscal.
Una vez la mercancía era despachada en la aduana griega, era transportada a Italia y, desde allí, a diversos países europeos como es el caso de España.
De este modo, se convertía en mercancía fantasma y difícilmente trazable. Finalmente, eran comercializadas por la organización criminal a bazares chinos asentados en diversas zonas españolas destacando especialmente el polígono industrial de Cobo Calleja de Fuenlabrada o PICA carretera amarilla de Sevilla.
De hecho, la organización criminal manejaba altas cantidades de efectivo que percibía en pago por las entregas de la mercancía.
La sucursal española de la organización operaba a modo de empresa de transporte, sirviéndose en ocasiones para el transporte del efectivo de los camiones y transportistas para pasar desapercibido.