La comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial del Parlamento de Vizcaya ha aprobado esta semana en comisión el proyecto de norma foral de la Diputación para la futura implantación de un canon de uso a vehículos pesados de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas.
El texto, que pretende encajar jurídicamente un sistema de arcos de control de tipología 'free-flow' en la red viaria de alta capacidad de la provincia con un coste aproximado de 60 millones de euros, ha salido adelante con los votos a favor de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos. EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia se han abstenido, mientras que el grupo Mixto-PP Bizkaia ha votado en contra.
Tras este trámite en Comisión, la norma irá al pleno de la cámara vizcaína para su aprobación defintiva.
De este modo, el peaje afectará a cinco tramos de la red viaria vizcaína con una longitud total de 101,7 kilómetros, entre los que se incluyen la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta el Haya, la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea, la N-636 desde Durango hasta la raya con Guipúzcoa, el corredor del Txorierri, es decir, la BI-30 o antigua N-637, entre Erletxes y Rontegui, y la BI-625, desde Llodio hasta Basauri.
La iniciativa vizcaína sigue casi de manera inmediata a la que ya ha aprobado el Parlamento de Navarra, en la estela del sistema ya implantado en Guipúzcoa, y se incardina dentro el principio del pago por uso que forma parte del acervo legislativo de la Unión Europea.
La instauración de estos peajes pretende cubrir los costes de conservación y mantenimiento de las vías, dejando de lado los intereses del sector y el impacto que tiene sobre la competitividad de los productos que se transportan la incorporación de un nuevo coste adicional.