En los últimos años, Fenadismer viene manifestando su gran preocupación por el alto índice de criminalidad y robos que sufren a diario los transportistas españoles. De hecho, un estudio llevado a cabo por la Federación constató que al menos el 17% de los transportistas habían sufrido algún robo, y de ellos un 30% lo habrían hecho al menos en dos o más ocasiones.
Además, en el 21% de los casos el conductor fue atacado físicamente y en el 60% no solo perdió la mercancía, sino también el propio vehículo. El modus operandi utilizado tradicionalmente por parte de los atracadores para cometer los robos es la intrusión, es decir, forzar las puertas de los vehículos o instalaciones o cortar lonas de los semirremolques, así como romper los sellos y/o candados existentes.
Sin embargo, en los últimos meses Fenadismer ha detectado un creciente aumento del robo de la mercancía utilizando nuevas técnicas más sofisticadas por parte de las bandas criminales organizadas, como la suplantación de la identidad de transportistas reales. Mediante la utilización de técnicas de ciberdelincuencia, en algunos casos llegan a hackear las cuentas de correo electrónico de los transportistas, contratando como si fueran ellos la realización de servicios.
Una vez acuden a los lugares de carga para recoger la mercancía, en muchos casos mercancías de un alto valor económico, se las llevan con total impunidad, en muchos casos llegando a duplicar las matrículas de los camiones de los transportistas suplantados para reducir las posibilidades de sospecha.
De este modo, las empresas se percatan del robo cuando ya han transcurrido varios días sin que la mercancía llegue a su destino, que es cuando el cliente se dirige al transportista que ha sido sustituido para exigirle responsabilidades por el extravío de la misma.
Ante el creciente aumento de este tipo de actuaciones delictivas, desde Fenadismer han hecho un llamamiento público a las empresas titulares de los centros de carga y plataformas logísticas para que refuercen los controles de comprobación de la identidad real de los transportistas contratados, así como de los vehículos, para evitar este tipo de actuaciones delictivas.