Cada año la Dirección General de Tráfico aprueba el calendario de restricciones a la circulación de camiones en determinadas fechas y tramos por razones de fluidez de la circulación y seguridad vial, cuando se prevén desplazamientos masivos de vehículos.
No obstante, se establecen excepciones para determinados camiones en función de la mercancía transportada, como es el caso del transporte de alimentos perecederos, de ganado vivo o los vehículos de auxilio en vías públicas principalmente, que pueden circular libremente.
Sin embargo, en los últimos años Fenadismer denunia que la DGT viene llevando a cabo "una política de control abusiva" en el cumplimiento de dichas restricciones, consistente en la utilización de cámaras de control que "sancionan indiscriminadamente" a todos los camiones que circulan por dichas vías, sin diferenciar si corresponden a vehículos exceptuados o no.
Así, una buena parte de los vehículos exceptuados de dichas restricciones reciben multas en cada fecha en la que hay establecidas restricciones a la circulación de camiones, por presuntamente haberlas incumplido, basándose exclusivamente en las fotografías automáticas que les remiten dichas cámaras de la red de carreteras, sin ninguna comprobación posterior.
Esta situación obliga a los transportistas denunciados a presentar el correspondiente recurso para acreditar que sus vehículos están exceptuados de tales restricciones, con el riesgo de que en caso que de no presentar las alegaciones, finalmente se vean abocados a pagar la sanción sin que tal infracción haya existido, con el agravante de que se dan casos de transportistas que llegan a recibir varias multas correspondientes al mismo día de restricción.
Dicha actuación arbitraria supone, a juicio de la Federación, "una clara vulneración del principio de presunta inocencia" que debe guiar todo procedimiento sancionador, y que mediante esta actuación "indiscriminada" se transforma en un principio de presunta culpabilidad, obligando a los transportistas a demostrar su inocencia.
Por ello, ha presentado una denuncia formal y solicitud de amparo ante el Defensor del Pueblo, ante la "absoluta indefensión" a la que se somete al colectivo de transportistas, prescindiendo de las mínimas garantías legales que establece la normativa sancionadora. Se solicita, además, que se inste a la DGT a cesar en ese proceder y actuar conforme a lo establecido en la legalidad vigente.