Fenadismer reclama la actualización en el IRPF de las dietas de los conductores asalariados

Fenadismer y Anetra piden la modificación de la normativa del IRPF para actualizar los importes de las dietas del personal asalariado del transporte por carretera, pues desde la última actualización la inflación ha aumentado un 81%.

20/01/2026 a las 10:12 h
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Los límites de exención en el IRPF aplicables a las dietas del personal asalariado del transporte por carretera, especialmente de los conductores, llevan congelados 23 años. Su última actualización fue en el año 2002 por el Ministerio de Hacienda, pero desde entonces la inflación se ha incrementado en un 81%, por lo que los límites de 26,67 euros al día en territorio nacional y 48,08 en el extranjero sin pernocta, no reflejan la realidad económica actual, ni el incremento del coste de la vida al que se enfrentan estos profesionales.

Así lo ven desde Fenadismer y la Asociación Nacional de Empresarios de Transporte en Autocar, que plantearán al resto de organizaciones que componen el Comité Nacional del Transporte por Carretera pedir al Ministerio de Hacienda la modificación de la normativa del IRPF para actualizar estos importes.

Ambas subrayan que esta solicitud no supone un incremento salarial, sino que corresponde a la recuperación del poder adquisitivo perdido por las dietas, para compensar los gastos reales de los trabajadores en sus desplazamientos.

Esta reivindicación cuenta además con el respaldo de una reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 2025, que unifica doctrina al establecer que las dietas de manutención y estancia abonadas a los conductores deben quedar excluidas de la base de cotización a la Seguridad Social, siempre que no superen los límites legales y se acredite la realidad del desplazamiento.

El fallo aclara también que no es necesaria la justificación documental individual de cada gasto, reforzando la seguridad jurídica del sector. En cualquier caso, desde Fenadismer y Anetra explican también que los importes están muy por debajo de los reconocidos para empleados públicos y de las cantidades admitidas en países de nuestro entorno europeo, lo que agrava la brecha competitiva del sector.