El Gobierno italiano está decidido a transformar su sistema portuario nacional. Para ello, ha finalizado ya el texto de su nueva Ley de reforma portuaria, que contempla la creación de la sociedad pública Porti d’Italia S.p.A, que actuará como una especie de "superautoridad" portuaria, con capital íntegramente público, y se encargará de coordinar las inversiones, proyectos estratégicos y relaciones entre el Estado y las 16 Autoridades Portuarias existentes en el país.
La entidad, que podría iniciar sus operaciones a partir de 2026, se convertirá en el principal organismo del Estado para la construcción de grandes infraestructuras marítimas, pudiendo diseñar, licitar e inspeccionar directamente las obras, y ejerciendo también funciones de expropiación y supervisión. Asimismo, será responsable de coordinar las actividades con las distintas Autoridades Portuarias, mediante un acuerdo marco con la Conferencia Nacional del Sistema Portuario.
Su constitución se formalizará mediante decreto del Ministerio de Transportes, previa consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas. Posteriormente, se definirán los estatutos, la gobernanza y el presupuesto, y se fijará la fecha de inicio de operaciones. El capital inicial ascenderá a 500 millones de euros, aportados íntegramente por el Tesoro Público, que conservará el control accionarial de común acuerdo con el Ministerio de Transportes, según el diario Informazioni Marittime.
La entidad estará dirigida por un Consejo de Administración, que se prevé estará compuesto por cinco miembros: dos designados por el Ministerio de Economía y Finanzas, dos por el Ministerio de Transportes y uno por la Oficina del Primer Ministro. El presidente será elegido entre los candidatos propuestos por el Ministerio de Economía y Finanzas, mientras que el director general será designado por el Ministerio de Transportes.
Tal y como explican desde Anave, el Gobierno italiano justifica su decisión por la necesidad de coordinar las decisiones estratégicas a nivel nacional y de garantizar una mayor eficiencia en la ejecución de infraestructuras críticas. Sin embargo, esta centralización ha suscitado preocupaciones entre operadores y sindicatos, que advierten del riesgo de limitar la capacidad de decisión de los puertos regionales y de concentrar en exceso el poder en este organismo.