El sistema Catch, impulsado por la Unión Europea para el control de la importación de productos pesqueros, es obligatorio desde el 10 de enero para la gestión de todos los procedimientos relacionados con los certificados de captura que deben acompañar a los productos que entran en la UE. Dado que no es autónomo, se integra dentro de la plataforma Traces, habilitada para la gestión electrónica de certificados de captura y otros documentos, en el marco de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El Consejo General de Agentes de Aduanas y Representantes Aduaneros como del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha reunido con representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para evaluar esta herramienta, que desde el primer momento está generando graves dificultades. Así, han alertado de "la excesiva carga administrativa, la inviabilidad práctica para la certificación de capturas de una enorme cantidad de buques y las dificultades para gestionar las embarcaciones artesanales o no registradas internacionalmente".
Los presidentes de varios colegios de agentes de aduanas y funcionarios de la Subdirección General de Control e Inspección y Lucha contra la Pesca Ilegal del Ministerio también han valorado negativamente "las duplicidades en las altas de operadores y buques, las carencias en las bases de datos del sistema y la falta de interoperabilidad con terceros países", lo que obliga a introducir manualmente información compleja.
En este contexto, los representantes de la Administración han explicado que se trata de un sistema desarrollado e impuesto por la Comisión Europea, "sin margen de modificación en el ámbito nacional", si bien han aclarado que desde España se han trasladado de forma reiterada las incidencias a los servicios competentes de la Comisión. Asimismo, han destacado el esfuerzo realizado para resolver el colapso inicial del sistema y han explicado las limitaciones competenciales existentes en su gestión.
En lo relativo a los certificados masivos, la solución propuesta por la Comisión Europea consiste en seguir introduciendo todos los buques y mareas en el sistema. No obstante, los agentes aduaneros creen que esta alternativa resulta "insuficiente y poco operativa" porque no reduce la carga administrativa ni resuelve los problemas estructurales.
Además, aunque la situación operativa se ha estabilizado parcialmente, el sistema presenta deficiencias que requieren una revisión urgente, especialmente en lo relativo a la integración de terceros países y la simplificación de los certificados complejos. Por ello, ambas partes mantendrán una acción coordinada ante la Comisión Europea para trasladarles las correspondientes incidencias y trabajar en la búsqueda de soluciones.