Responsables de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias (Anesco) y del sindicato de estibadores, Coordinadora, se han reunido en Madrid este pasado jueves 19 de enero, en el primer encuentro del año, con el objetivo de alcanzar un acuerdo conjunto que permita al Gobierno de España hacer frente a la denuncia de la Comisión Europea sobre el modelo de estiba de los puertos de España, planteada ante el Tribunal de Luxemburgo.
Tras las dimisiones en el Comité Ejecutivo de Anescodel pasado mes de diciembre, se esperaba esta primera reunión de la comisión negociadora interlocutora con las organizaciones sindicales.
Según parece, la patronal Anesco, dentro de la necesaria revisión del marco competencial del sector, habría propuesto la adopción de medidas tendentes a optimizar y reducir los costes operativos a través de la flexibilización de las condiciones laborales, con recortes de funciones de los estibadores, salario y personal, detalladas en un documento, que chocan frontalmente con las exigencias de los sindicatos, según lo publicado en el diario 'Las Provincias'.
La palabra clave: flexibilizar
Según se recoge en el escrito, “las partes consideran que, junto a la modificación legal derivada del cumplimiento de la sentencia del TJUE y a la revisión del marco convencional del sector, se deben adoptar medidas que permitan optimizar y reducir los costes operativos, a través de la flexibilización de las condiciones”.
Entre las medidas propuestas, estaría la imposibilidad de que los estibadores realicen las tareas complementarias, lo que va en contra de una de las principales reivindicaciones de los estibadores, que buscan recuperar el terreno perdido en este aspecto.
Por otro lado, el posible acuerdo pasa por la constitución de un registro de trabajadores portuarios que sirva de referencia en la contratación para las empresas o para las sociedades de estiba de cada puerto, que según un primer análisis cumpliría con las exigencias fijadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Amenaza de la Comisión Europea
La negociación del nuevo marco de laboral de la estiba portuaria en España, tiene además, la espada de Damocles anunciada el pasado 13 de julio por la Comisión Europea, con la interposición de un recurso en el que anunciaba sanciones millonarias para España si no aplicaba la sentencia.
Bruselas planteó entonces, una sanción de 134.107 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia y 27.522 euros por cada día que se mantenga desde el dictamen de 2014.
Una situación a la que se ha llegado tras la manifiesta falta de interés del Gobierno en estos últimos dos años, a la hora de aplicar la sentencia del TSJE en contra del régimen de exclusividad recogido en la actual normativa española. Una situación agravada por la ausencia de Gobierno durante todo un año, que ha desembocado en la situación actual, de la que se ha de salir necesariamente con una solución acordada por las partes, que ofrecer a la Comisión en bandeja de plata.