El expresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Rafael Aznar, ha sido imputado por el juez.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia ha procesado al expresidente del puerto de Valencia Rafael Aznar, junto con otros dos exdirectivos y el abogado del Estado Fernando Llopis.
Se les atribuyen presuntos delitos de prevaricación y malversación continuada, por el cobro de sobresueldos sin justificar y por trabajos no realizados en la sociedad ‘Valencia Plataforma Intermodal y Logística’ (VPI) hasta 2011.
El juez ha dado así por finalizada la instrucción de esta pieza, en la que se investigaban los sobresueldos de los exdirectivos y ha dictado un auto de procedimiento abreviado tras el que las partes presentarán sus escritos para solicitar o bien la apertura de juicio o bien el archivo o diligencias complementarias.
A Aznar y a otro exdirectivo, el juez les atribuye también un presunto delito de prevaricación por tres contrataciones con una empresa de seguridad y otras dos de asesoramiento, al estimar que no se cumplió la Ley de Contratación.
El expresidente del puerto de Valencia, Rafael Aznar, siempre ha defendido la legalidad de sus actuaciones en el organismo y ha asegurado en diferentes ocasiones que todas ellas han estado siempre aprobadas y refrendadas tanto por el Consejo de Administración como por el Tribunal de Cuentas y Puertos del Estado.
También ha llegado a expresar su "absoluta tranquilidad" porque llevaba mucho tiempo en la gestión de lo público. "Comprendo que de vez en cuando haya algún viento, pero ante los vientos lo que hay que tener es firmeza en los cimientos", dijo en una comparecencia pública.
Denuncia de fiscalía
La Fiscalía, en su denuncia de 2013, ya expuso entre otras cuestiones, que tanto Aznar como otros dos ex altos cargos del puerto recibieron por sus trabajos en VPI 77.000 euros, cuando, según la ley, no podían haber cobrado nada porque no podían tener dos sueldos públicos, del Puerto y de la VPI. Los directivos habrían devuelto las cantidades cobradas cuando se les advirtió de que era irregular.
Durante la instrucción de esta pieza, también se ha incorporado un informe de la Intervención del Estado que contemplaba sueldos de 120.000 euros sin justificar en la Fundación ValenciaPort, entidad sin ánimo de lucro constituida en mayo de 2003 para promover la Comunidad Portuaria.
Por otro lado, en este procedimiento continúa en instrucción la segunda pieza relativa al puerto de Valencia, sobre los gastos de personal de la entidad portuaria, la adaptación de los accesos para la F-1, el alquiler de la Fundación Valencia Port y la rescisión de la concesión a Sagunt Bulk Terminal, hechos denunciados en su día por ‘Compromís’.