El último Consejo de Ministros celebrado la semana pasada ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que dibuja el marco para conseguir la descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050.
Este proyecto legislativo, que se va a someter a información pública, tiene el objetivo de reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 20% con respecto a 1990, generar el 70% de la electricidad con renovables, asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35% respecto a un escenario tendencial, así como alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, cuando las emisiones de gases de efecto invernadero deberán ser un 90% menores que las de 1990 y el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.
Régimen fiscal aplicable
En particular, el Gobierno tiene la intención de realizar un informe sobre el régimen fiscal aplicable a los productos energéticos de origen fósil, identificando aquellas ayudas y medidas que favorezcan su uso, con el fin de elaborar un calendario para la revisión de estas ayudas y medidas consistentes con los objetivos de descarbonización.
Así mismo, también se fija el objetivo de que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos sean vehículos con cero emisiones no más tarde del año 2040.
Por otra parte, también se pretende elaborar una Estrategia de Movilidad Sostenible, Intermodal y Conectada para dar respuesta a los retos derivados del previsible crecimiento de la movilidad en los próximos años, a la desigualdad a la hora de acceder a modos de transporte más limpios, a la innovación y transformación digital en el transporte, y a la necesidad de una mejor planificación y eficiencia de las inversiones destinadas a infraestructuras de transporte.
Adicionalmente, el proyecto pedirá a los municipios de más de 50.000 habitantes que introduzcan medidas de lucha contra el del cambio climático, entre otras, la creación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, mientras que para el transporte marítimo y los puertos se prevén una reducción paulatina de sus emisiones, con un objetivo de cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para el año 2050 gracias a la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.
La industria pide ayudas para la transición
Para Anfac, “una estrategia basada en prohibiciones que no se ajuste a la estrategia europea de descarbonización del transporte tendrá un efecto negativo para los consumidores, el mercado, las fábricas y la industria”.
Por ese motivo, la industria automovilística española pide un plan continuado de ayudas a la compra de vehículos de cero y bajas emisiones, una fiscalidad que incluya criterios medioambientales y que grave el uso y no la adquisición y una estrategia nacional de despliegue de puntos de recarga como varias de las claves imprescindibles para alcanzar estos objetivos.