La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística, FVET, ha anunciado la salida de su presidente, Carlos Prades, del Consejo de Administración de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos, Sitval, ante la falta de soluciones al colapso del sistema ITV en la Comunidad Valenciana.
Tras más de un año de advertencias, propuestas y reclamaciones del sector ante la parálisis del servicio y el agravio que supone para las empresas de transporte, la situación se ha agravado incluso. De hecho, las esperas superan las ocho semanas para conseguir cita, especialmente en el caso de vehículos pesados.
Las organizaciones llevan tiempo advirtiendo de los perjuicios que genera el actual sistema, por el colapso de citas, las restricciones incoherentes, la falta de personal especializado y los precios desproporcionados. Las estaciones valencianas han dejado de ser una opción real para muchas empresas, que optan por deslocalizar sus revisiones a comunidades limítrofes.
Además, FVET alerta de que cada semana se paralizan vehículos por no poder pasar la revisión técnica, lo que implica perjuicios económicos, retrasos en las rutas y exposición a sanciones. En este sentido, una de las principales quejas tiene que ver con la falta de estaciones de revisión y de personal cualificado para revisar vehículos pesados, así como la escasa presencia de líneas técnicas específicas para este tipo de flota.
A esto se suma la eliminación de horarios adaptados, como la franja de 6:00 a 7:00 horas, y la imposición del sistema de cita previa cerrada, que no se adapta a la operativa real del transporte profesional, especialmente en internacional. Todo esto obliga a los transportistas a desplazarse a estaciones de Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón.
La Federación también denuncia que la región mantiene uno de los precios más elevados de España en la revisión ITV para vehículos pesados, situándose solamente por detrás de Andalucía. A pesar de ello, considera que la prestación del servicio es deficiente y carece de criterios técnicos adecuados para valorar correctamente elementos específicos del vehículo industrial, como la prueba de frenado en carga.
Por ello, reclaman la adopción de un modelo realista y operativo, como el que aplican por ejemplo Murcia o Castilla-La Mancha, donde el sistema de concesión o gestión privada permite una mayor agilidad, adaptación horaria y disponibilidad para vehículos industriales. El modelo actual, revertido a la gestión pública, no ha logrado en su opinión resolver los problemas heredados ni atender adecuadamente las particularidades del transporte profesional.