La III Cumbre Político-Empresarial de la Plataforma Multisectorial contra la morosidad, celebrada este miércoles 11 de febrero, ha servido para consolidar y poner de manifiesto las principales reivindicaciones de la Plataforma en este ámbito, siendo la principal el establecimiento de un régimen sancionador que garantice el cumplimiento de los plazos de pago consignados en la ley.
Durante la cumbre celebrada bajo el lema 'Tolerancia cero con la morosidad', desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) han recordado a los asistentes pertenecientes a empresas de diversos sectores, organizaciones, partidos políticos, al Ministerio de Hacienda y a la Comisión Europea, la preocupante situación del sector transporte en este ámbito.
En concreto, han citado los datos obtenidos del Observatorio de la Fundación Quijote (Observatorio permanente de la morosidad en el transporte), indicando que un 79% de las empresas que contratan transporte incumple los plazos de pago fijados por la ley en 60 días.
Reivindicaciones de la Plataforma
A lo largo de las intervenciones efectuadas durante la Cumbre, se ha puesto de manifiesto que aún se producen incumplimientos sistemáticos de Ley de Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que respecta a los plazos de pago, situación que afecta gravemente a la competitividad de las empresas, generando graves situaciones de competencia desleal.
En este contexto, entre las principales reivindicaciones presentadas por la Plataforma, además de la aprobación del régimen sancionador, se encuentra la creación de un Observatorio contra la Morosidad con el objetivo de llevar a cabo no sólo un análisis estadístico de la morosidad, sino de las causas que lo originan a fin de adoptar las medidas correctoras necesarias.
Del mismo modo, también abogan por poner en marcha procedimientos extrajudiciales rápidos y económicos, alternativos a las reclamaciones judiciales, en muchos casos disuasorias por la lentitud y coste de las mismas, así como una reforma normativa del IVA, con la finalidad de introducir un régimen que constituya una alternativa real y eficaz a la obligación de anticipar el IVA de facturas no cobrables.
Cabe destacar que todos los intervinientes, en especial los representantes de los grupos políticos, han manifestado su compromiso con estas reivindicaciones empresariales para luchar contra una situación de morosidad que destruye el tejido empresarial, afectando principalmente a las pymes y autónomos que resultan ser en muchos casos el último eslabón de la cadena de subcontratación.
Con respecto a este punto, también se ha puesto de manifiesto que, si bien hay una ligera mejora de los plazos de pago de las Administraciones Públicas, ésta no se traslada a las pymes en la cadena de subcontratación, produciéndose los mayores incumplimientos en los plazos de pago principalmente por las grandes empresas que obtienen con ello una mayor capacidad de financiación y liquidez.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, presente en la Cumbre, ha manifestado su compromiso de analizar, valorar y estudiar las propuestas de la misma, aunque sin comprometerse de forma efectiva a la elaboración de un régimen sancionador antes de que finalice esta legislatura.