El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el plan de acción nacional para la descarbonización del transporte marítimo, que establece las líneas estratégicas, medidas y programas de ayuda para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el modo marítimo.
En esta línea, la Comisión Europea ha seleccionado 70 proyectos repartidos por toda Europa para ayudar a descarbonizar el transporte mediante la instalación de la infraestructura necesaria para recargar o repostar. Así, 24 puertos europeos recibirán fondos para instalar sistemas de suministro de energía en tierra, hacer más ecológicas sus operaciones portuarias e invertir en infraestructuras de abastecimiento de amoníaco.
Además, la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado a conocer el reparto definitivo de las ayudas de la segunda convocatoria de subvenciones del ecoincentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías correspondientes al período de elegibilidad 2023-2024.
Por otro lado, Cuatrecasas ha analizado, a petición de Asoport, las conclusiones de un estudio de la CNMC según el cual persisten en el sistema portuario español rigideces y asimetrías regulatorias que obstaculizan la competencia efectiva y la eficiencia operativa.
24 puertos europeos recibirán fondos para instalar sistemas de suministro de energía en tierra, hacer más ecológicas sus operaciones portuarias e invertir en infraestructuras de abastecimiento de amoníaco.
Por su parte, Coordinadora Bilbao ha organizado una concentración para visibilizar la necesidad de una seguridad laboral real en los puertos, así como para expresar su rechazo a la precariedad laboral. Continuando con el sector de la estiba, representantes de los Centros Portuarios de Empleo de Valencia, Algeciras y Barcelona han mantenido una reunión para abordar cuestiones relativas al absentismo laboral, el registro horario y la accidentalidad.
Asimismo, el puerto de Castellón ha dado un paso decisivo para reforzar su competitividad con la firma de un acuerdo entre la estiba y las terminales que operan en el recinto portuario para ajustar de manera sustancial los costes de la operativa, mejorar la productividad y atraer nuevos tráficos.
La Autoridad Portuaria, por cierto, ha decidido reordenar dos de las tres terminales de la dársena norte con 1,4 kilómetros de muelle polivalente para seguir ganando cuota de mercado, atraer nuevos tráficos y consolidar su crecimiento. Igualmente, ha estado trabajado junto a las de Algeciras y Huelva en un proyecto para desarollar un sistema de control, seguimiento y alerta temprana para fallos estructurales en las infraestructuras portuarias a través de satélites.
En su caso, la Fundación Valenciaport ha puesto en marcha una prueba piloto con la instalación de paneles solares que pueden pisarse y ser utilizados como pavimento en el puerto de Valencia, y el proyecto del puerto de Tarragona para la instalación del sistema OPS en el Muelle de Baleares ha sido seleccionado para recibir fondos del mecanismo CEF-T.
El puerto de Castellón refuerza su competitividad con la firma de un acuerdo entre la estiba y las terminales que operan en el recinto portuario para ajustar de manera sustancial los costes de la operativa.
Mientras, el puerto de Santander, que trabaja en la implantación de un sistema de control automatizado para el tránsito de mercancía, ha propuesto combinar en un nuevo corredor verde una autopista ferroviaria Madrid-Valladolid-Palencia-Santander con la conectividad marítima de corta distancia que tiene con el Reino Unido e Irlanda, así como con el norte de Europa.
Igualmente, el puerto de Melilla está avanzando en el proyecto de estabilización de la explanada de preembarque de vehículos anexa al muelle Virgen del Carmen, y Hafesa ha reforzado su red logística con la incorporación de dos nuevas terminales de almacenamiento de hidrocarburos en los puertos de Cartagena y Málaga.
Finalmente, cabe apuntar que el Supremo ha estimado a trámite el recurso de casación, presentado la Autoridad Portuaria de Alicante contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anulaba la Modificación Puntual nº 5 del Plan Especial del puerto.