El fraude en el transporte a través de las cooperativas de trabajo asociado

El año que ahora ha finalizado, ha abierto nuevas expectativas en la lucha contra el principal problema que acecha al transporte, la lucha contra el fraude y la competencia desleal en nuestro sector, un fraude que se disfraza con apariencia de legalidad pero que en gran medida confluye a través de la figura de las cooperativas de trabajo asociado, una figura que puede ser utilizada para la comisión de fraudes relacionados sobre todo con la cuestión laboral, la legislación de transportes y así mismo relacionado con cuestiones fiscales.

Desde Fetransa hemos detectado al menos tres tipologías de fraude relacionado con la figura de las cooperativas de trabajo asociado. El relacionado con aquellas cooperativas vinculadas a uno o varios flotistas, con el objetivo de generar falsos autónomos para competir con menores costes laborales y sociales. Las que hacen una cesión fraudulenta de la autorización de transportes y por último, aquellas cuyos socios tributan por el régimen de módulos.

Es cierto que se han comenzado a tomar medidas desde los planes de Inspección, e incluso que se han iniciado procesos sancionadores en algunos de los casos más evidentes, pero también es cierto que atajar de raíz el problema del fraude en el transporte supone, no sólo coordinar los planes de Inspección de las administraciones implicadas; comunidades autónomas y los ministerios de Fomento, Trabajo y Hacienda, sino también, legislar para evitar situaciones en las que este tipo de figuras, encuentren recovecos por los que seguir aportando al transporte, un veneno que va matando de manera lenta pero constante a un sector ya castigado suficientemente por motivos diversos.

[sumario]“Mientras no seamos capaces de actuar de manera conjunta, a través de los planes de inspección y desde la normativa, el sector irá precarizando sus condiciones laborales”.[/sumario]

Y esta legislación, que contempla el nuevo ROTT, un endurecimiento de las condiciones de acceso a la profesión, precisamente a través del requisito de la capacitación, deja de lado y omite, el control sobre estas fuentes de fraude, abriendo la puerta a convertirse en un coladero que permita la generación de trabajadores absolutamente precarizados y sin apenas derechos.

En definitiva, mientras no seamos capaces de actuar, de manera conjunta, a través de los planes de inspección y desde la normativa, el sector irá precarizando sus condiciones laborales hasta el punto de hacerse inviable por sus costes asociados y su limitación de beneficios.

En mi opinión, resulta contradictorio elevar el requisito de la capacitación, exigiendo el bachiller como condición previa para poder presentarse al examen a quien pretenda acceder al sector, mientras se deja la puerta abierta, a través de esta figura, tan controvertida, sin ninguna exigencia en cuanto a la formación, lo que podría provocar la “uberización” del transporte de mercancías en los próximos años.

Víctor González